Infraestructura, Derecho y Deber
En el vasto escenario de la gestión pública, donde se cruzan la técnica con la política y la ética con la administración, la infraestructura se erige como el telón de fondo de una batalla filosófica y práctica de consecuencias palpables.
No hablamos de abstracciones, hablamos de hospitales que deberían salvar vidas, de puentes que deberían sostenerlas, de trenes que deberían transportarlas, y sin embargo, en demasiadas ocasiones, lo que se desploma no es solo el concreto, sino la confianza ciudadana.
Respetando a quienes han sufrido pérdidas materiales y humanas por incidentes en obras públicas —pues nada hay más serio que la tragedia—, vale la pena explorar con cierta ironía la técnica más difundida en algunos despachos gubernamentales: el arte de evadir responsabilidades, la cual es una disciplina que, si tuviera facultad universitaria, sería la más concurrida, con matrícula gratuita y doble beca garantizada.
De un lado, se encuentra lo que es debido hacer: el imperativo ético y legal de actuar con diligencia, previsión y apego a las normas, es decir, planificar con estudios serios, asignar recursos con transparencia, ejecutar con estándares de calidad y mantener lo construido con constancia.
Mientras del otro lado, emerge la peligrosa tentación de justificar la inacción o el fracaso con un ropaje ideológico, transformando al responsable en víctima de circunstancias externas y en ello el contraste no es menor, pues define la calidad de la administración y, más aún, la salud del contrato social entre autoridades y gobernados.
La gestión pública se basa en la Ética de la Responsabilidad y el Estado de Derecho, convirtiéndola en un servicio, no en un privilegio. El marco jurídico institucionaliza este deber, despersonalizándolo y convirtiéndolo en mandato de función. El funcionario entiende que su primera lealtad es al bien común y la ley, no a la política ni a la ideología. La rendición de cuentas es natural: se asume, se corrige y se aprende del error.
TRIPLE SALTO MORTAL.
Frente a este ideal, surge la distorsión. La justificación ideológica opera como un triple movimiento retórico digno de circo:
I. Se ideologiza el problema. Un puente que colapsa no es producto de mala ingeniería ni de mantenimiento negligente, sino consecuencia del “modelo neoliberal”, del “centralismo opresor” o de la “herencia del régimen anterior”. El concreto se quiebra, pero la culpa se diluye en abstracciones.
II. Se victimiza al responsable. La autoridad no falló en su deber, sino que es una víctima más de fuerzas históricas superiores. El culpable no es quien omitió, sino un enemigo externo, difuso y convenientemente político.
III. Se deslegitima la exigencia. Pedir responsabilidades técnicas se convierte en “persecución política” o en falta de “conciencia social”. La ideología se usa como escudo contra la crítica, y el ciudadano queda desarmado.
El resultado es devastador: hospitales sin equipos, carreteras destrozadas, trenes descarrilados. Una falla administrativa se convierte en símbolo de lucha política. Las consignas se repiten como mantras mientras la población sufre la negligencia. El Derecho se reduce a instrumento de batalla, perdiendo su neutralidad y aplicándose selectivamente: persigue disidencias, pero rara vez exige cuentas por obras mal hechas.
El ciudadano es doblemente castigado: primero, por la infraestructura deficiente que limita su vida; segundo, al ver cómo su necesidad se convierte en combustible para un relato político que no repara el daño. Es como si, además de padecer el apagón, se le pidiera aplaudir la retórica que lo justifica.
Si la infraestructura fuera un paciente en terapia intensiva, el discurso ideológico sería ese médico que, en lugar de tratarlo, culpa al clima, al sistema solar o a la dieta, y mientras el enfermo sigue grave, el doctor se siente satisfecho por encontrar un culpable cósmico. El ciudadano, no se cura con metáforas.
EL DERECHO COMO ANTÍDOTO
El Derecho combate esta patología obligando a traducir consignas en pruebas, discursos en procedimientos y narrativas en informes técnicos. Un juez exige contratos, registros de mantenimiento y evidencia verificable, no absuelve a un alcalde por alegar conspiración. El Derecho nos obliga a ser concretos, verificables y responsables, tanto personal como institucionalmente. Es la vacuna contra la evasión.
El contraste es claro. Cumplir con el deber es una carrera de obstáculos técnicos y administrativos, ardua pero fecunda: construye confianza y patrimonio público y evadir con ideología, es un atajo retórico que destruye: convierte bienes públicos en botines políticos, sustituye la expertise por la consigna y corroe los cimientos de la responsabilidad.
La sociedad que desee prosperar debe insistir en que la infraestructura no es un eslogan, sino cemento, acero y planificación, y que la rendición de cuentas no es vendetta política, sino aplicación firme e impersonal del Derecho.
El verdadero progreso no se mide por la consistencia del relato ideológico, sino por la solidez de los puentes y trenes que construimos y la voluntad de asumir la responsabilidad cuando estos, por acción u omisión, amenazan con caer o descarrilarse.
La infraestructura no admite excusas, exige responsabilidad, y el Derecho, cuando se aplica sin disfraces, es el único concreto que no se agrieta.
Corolario.
“Asumir responsabilidades y corregir, fortalece la confianza y el patrimonio”.
- Fotografía en portada tomada de la red social X.