Inseguridad o falta de autoridad
“El respeto hacia los demás, es el primer paso
hacia la convivencia pacífica y armoniosa”
Anónimo
En el crisol de la movilidad urbana contemporánea, las calles y banquetas de nuestras ciudades se han convertido en escenarios dinámicos donde convergen peatones, vehículos tradicionales y una creciente variedad de transportes ligeros y eléctricos.
Bicicletas, motocicletas, patinetas eléctricas y otros dispositivos similares han irrumpido en el panorama, ofreciendo alternativas ágiles y, en muchos casos, sostenibles para el desplazamiento.
Sin embargo, esta proliferación, si bien presenta beneficios potenciales, también ha generado un desafío apremiante para las autoridades: la necesidad de establecer regulaciones claras y aplicar sanciones efectivas para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía pública.
La omisión en este aspecto no solo pone en riesgo la integridad física de ciclistas, motociclistas y usuarios de vehículos eléctricos, sino que también erosiona el orden y la armonía en nuestros espacios compartidos.
La problemática central radica en la frecuencia con la que estos vehículos ligeros son operados sin el cumplimiento de las normas básicas de seguridad vial.
Es alarmante observar cómo ciclistas y motociclistas circulan sin cascos protectores, exponiéndose a lesiones graves en caso de caídas o colisiones, de igual manera, la ausencia de otros accesorios de seguridad, como luces delanteras y traseras para mejorar la visibilidad, especialmente durante la noche o en condiciones climáticas adversas, incrementa significativamente el riesgo de accidentes.
Esta negligencia individual, aunque preocupante, se agrava cuando se combina con la imprudencia de transitar a velocidades superiores a los límites establecidos, incluso en zonas peatonales.
La ligereza de estos vehículos no disminuye el potencial de causar daños severos a peatones en caso de impacto, y su circulación a velocidades elevadas en banquetas destinadas al tránsito peatonal y hasta en sentido contrario, genera un ambiente de inseguridad constante.
La inacción de las autoridades ante esta situación envía un mensaje tácito de permisividad, falta de responsabilidad, laxitud y temor para aplicar el reglamento, lo cual contribuye a la normalización de conductas riesgosas.
La falta de aplicación de medidas preventivas y sanciones disuasorias no solo perpetúa estas prácticas peligrosas, sino que también genera un sentimiento de injusticia entre los demás usuarios de la vía pública que sí cumplen con las normativas.
Es fundamental reconocer que la seguridad vial es una responsabilidad compartida, y si bien los ciudadanos tienen la obligación de actuar con precaución y apego, las autoridades tienen el deber ineludible de establecer las reglas del juego y garantizar su cumplimiento.
PAUTAS.
Para abordar esta problemática de manera efectiva, se requiere un enfoque multifacético que combine medidas preventivas, educativas y punitivas como:
1) Establecimiento de regulaciones claras que aborden el uso de cascos, límites de velocidad, zonas de circulación y requisitos técnicos para estos vehículos.
2) Implementación de campañas de concientización y educación vial dirigidas a los usuarios, enfatizando la importancia de la seguridad y el cumplimiento de las normas de tránsito.
3) Aplicación efectiva de las normas, con un aumento en la vigilancia y control por parte de las autoridades, especialmente en áreas con alta incidencia de infracciones.
Este enfoque general, busca mejorar la seguridad y reducir los riesgos asociados con la conducción de estos vehículos.
Para tener mayor posibilidad de su funcionalidad es menester la imposición de sanciones proporcionales a la gravedad de la falta, partiendo desde multas económicas, hasta la retención del vehículo en casos de reincidencia o infracciones graves, pues actuarán como un elemento disuasorio fundamental.
Es crucial que estas sanciones se apliquen de manera consistente y sin excepciones, para generar un impacto real en el comportamiento de los usuarios.
REMATE.
La creciente presencia de vehículos ligeros y eléctricos en nuestras ciudades exige una respuesta firme y decidida por parte de las autoridades.
La seguridad vial no es un lujo, sino un derecho fundamental de todos los ciudadanos y al permitir y/o ignorar la proliferación de conductas riesgosas por parte de ciclistas, motociclistas y usuarios de vehículos eléctricos que circulan sin protección y a velocidades inadecuadas, no solo pone en peligro vidas, sino que también socava el orden y la convivencia en nuestros espacios públicos.
Solo mediante un enfoque integral, en el que se combine legislación, educación y cumplimiento, podremos proteger a todos los ciudadanos y asegurar que la transición hacia una movilidad sostenible no comprometa el derecho fundamental a la seguridad y la convivencia en nuestros espacios públicos.
Como complemento de esta fórmula se considera el compromiso firme de todos con la regulación y el cumplimiento de las normas, para poder construir ciudades más seguras, habitables y sustentables para todos.
Corolario.
“Vigilar y aplicar las normas viales, deber ineludible de la autoridad”.
- Fotografías de la biblioteca personal de TGFC.