Mejorar la colaboración entre la técnica y la política debe ser comprendida como un esfuerzo bidireccional, pues si nos basamos partiendo desde el punto de vista científico, los resultados obtenidos a través de la investigación, deben generar soluciones más aplicables, lógicas, prácticas y sobre todo, más factibles de implementar en la sociedad.
Los funcionarios públicos a menudo actúan con información incompleta sobre las consecuencias de las opciones al promover obras de infraestructura, debido generalmente a que sus acciones, las “justifican” en los valores y prioridades de los potenciales electores.
En nuestra incipiente democracia, no estamos exentos de la dinámica de reducción de lo político a lo técnico, pues los conflictos inherentes a la construcción del espacio público, genera problemas ocasionales sobre la definición de los métodos más apropiados para hacerlo eficiente sin daños o efectos colaterales por la falta de gestión.
Precisamente por ello, resulta importante que se establezcan las líneas de comunicación en dos vías, las cuales deben ser lo suficientemente amplias e incluyentes, en donde las premisas de sencillez, respeto y claridad, a pesar de las incertidumbres que rodean la toma de decisiones para invertir en Infraestructura, tienen que ser previa y claramente determinadas.
Beneficiarios.
La promoción de inversiones en cualquier tipo de Infraestructura, debe fijarse como meta fundamental estableciendo el beneficio colectivo con una visión sustentable a los plazos que correspondan según su naturaleza.
En esta consideración debemos distinguir y situar a dos tipos de potenciales beneficiarios:
1. Ciudadanos. En primer lugar, pues es quien debe ser el punto de partida de todas las obras de Infraestructura, es decir, es la sociedad en su conjunto, pues será la que obtendrá bienestar por las obras que se desarrollen en su entorno.
2. Autoridades. El segundo beneficiario, sin duda serán las autoridades que gestionen adecuadamente las inversiones y obras, pues lograrán el consentimiento por su labor y eventualmente, su ratificación para continuar en el servicio público, por sus buenas notas.
Aparentemente, entre las dos partes todo lo anterior, puede decirse muy fácil y hasta cabe en discursos de campaña, pero debemos aplicarnos y sobre todo, esforzarnos para exigir y hacerlos realidad, evitando que se conviertan en “rollos” o demagogia barata.
El único objetivo tiene que ser conseguir una sólida amalgama entre la técnica y la visión política, para obtener lo mejor para la sociedad.
¡Nada más!
La exigencia de recurrir a la técnica para evaluar acciones referentes a la construcción de infraestructura tiene fundamentos sólidos, pues en base a ello, se conseguirán tomar las mejores decisiones al ser debidamente analizadas previa y justamente.
No obstante que las mismas en ocasiones, ni son las más comprensibles como tampoco las más “taquilleras” ya que hay quienes, evitarán lo que les reste votos y decantarán sus decisiones recurriendo al relumbrón mediático.
La entrada de la técnica por conseguir su propio espacio, complementando las decisiones políticas para hacerlas más eficientes, pospondría un enfrentamiento de acciones y discursos que buscan apropiarse y reconstruir lo público sin justificaciones sistemáticas.
La lucha actual para considerar a la técnica en la toma de decisiones en obras de Infraestructura, nos pone frente al encierro tradicionalmente aceptado, de que la política es pura cuestión de medios y no de fines.
Anteriormente los “líderes” se jactaban de tener ese olfato o visión para decidir, excluyendo a los técnicos en lugar de apoyarse en ellos o bien recurriendo a los cuates o a los mismos de siempre para justificarse.
La reducción de inexactitudes en la toma de decisiones para las inversiones basadas solamente en la política electoral, se caracteriza por utilizar parcialmente lo técnico e implica excluir algunos argumentos de toda discusión.
El fin de acudir a la técnica, aunque sea más tardado su proceso de análisis, no es un problema sino un principio que neutraliza la acción y anticipa el discurso que tratará de convencer solo con palabras.
Existen dos elementos que pueden ser considerados como virtudes, pues la racionalidad técnica y el pensamiento experto, aparecen como los principales instrumentos para legitimar la toma de decisiones en el campo de la política en las obras de infraestructura sustentable.
Comunicar A y B
Hipotéticamente podemos imaginar dos comunidades A y B, que requieren ser comunicadas a través de un puente que impactará severamente, durante y después de su construcción, todo el medio ambiente.
Sin embargo se decide realizar para obtener las manzanas de A y los tomates de B con el argumento de que al lograr la comunicación entre ambas, se benefician las dos comunidades al acercarse, comercializar y demás argumentos mediáticos que abonen a su promoción.
Empero, se disimula y evita mencionar y sobre todo, asumir los costos sociales y medioambientales que en el fondo se llevaron “entre las patas”, pensando que obtendrán la gracia de ambas comunidades y sus correspondientes favores electorales.
Hoy somos testigos de las fricciones abiertas entre los expertos en asuntos de Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Urbano con los responsables políticos en donde las redes sociales también han contribuido a la confusión o a la desinformación.
Tanto técnicos como los formuladores de políticas públicas, podrían coordinar mejor sus comunicaciones públicas, con el ánimo de infundir confianza en las políticas e inversiones que puedan ser adoptadas sin aprietos.
Lo ideal sería que la ciencia y el gobierno lograran trabajar conjuntamente en armonía, buscando mejorar las políticas públicas, siendo que nosotros los ciudadanos consideremos ambos como complementarios y no como antagónicos.
La ciencia ha respondido muy bien a cualquier reto, pero necesita mayores espacios, consideraciones, pero sobre todo que sus recomendaciones sean observadas, lo que implica su inclusión en términos absolutos, por quienes toman decisiones políticas.
Sin duda, lo anterior resume el asunto de la participación conjunta, complementaria y sin ánimo de protagonismo de ninguna de las partes, para mejorar el cumplimiento voluntario y lograr que las políticas surtan el efecto previsto.
Corolario:
“La racionalidad técnica en Infraestructura, legitima la toma de decisiones políticas”
- Fotografía en portada por Carlos Muza a través de Unsplash.