“Entre los individuos, como entre las naciones,
el respeto al derecho ajeno es la paz.”
— Benito Juárez,
Manifiesto a la Nación, 15 de julio de 1867.
Basta un cruce de avenidas, una caseta de peaje, el acceso a un hospital u oficina pública para que un ciudadano o un puñado de personas detenga la vida de miles.
En Mérida o en cualquier parte del país la escena se repite: lonas, llantas, consignas y una fila de vehículos que se pierde en el horizonte. Quienes protestan reclaman ser escuchados; quienes esperan solo quieren llegar a su trabajo, a su clase o al médico.
La protesta es legítima y la Constitución la protege en su artículo 9º, pero cabe preguntar si ello autoriza a convertir a terceros en rehenes de una negociación en la que no tienen voz ni voto.
BERRINCHE COMO MÉTODO
En la crianza se aprende pronto que, si el berrinche funciona, se repite. En la vida pública ocurre igual: cuando la autoridad solo atiende a quien bloquea, el mensaje es inequívoco: la ventanilla no sirve; la calle, sí.
No todas las manifestaciones son berrinches; hay causas profundas —madres que buscan a sus hijos, comunidades sin agua, pensiones, salarios— que merecen respeto, pero el problema de fondo es una autoridad que hizo del bloqueo el único trámite eficaz.
Hay quien cierra una calle u oficina exigiendo ser atendido, sin haber presentado jamás una solicitud: convierte la presión en primer trámite, y hay quien sí escribió, hizo fila y volvió una y otra vez, para recibir solo largas con la caduca frase: “vuelva la próxima semana, el que sigue…”.
Al primero hay que recordarle que el derecho de petición empieza por pedir. Al segundo, la autoridad le debe una respuesta: cuando el silencio se vuelve norma, el bloqueo parece la única alternativa. No se justifica afectar a terceros, pero se entiende.
LOS TERCEROS: COSTO SIN CONTABILIZAR
Cada vía cerrada genera una factura que no aparece en ningún pliego petitorio. La pagan la enfermera que llega tarde, el estudiante que pierde un examen, el comerciante que baja la cortina y la ambulancia que busca una ruta alterna.
Desde la ingeniería lo sabemos bien: una vialidad es una red, y basta cerrar un nodo crítico para que el efecto se propague kilómetros. La afectación se socializa; el beneficio se privatiza.
El daño se multiplica cuando un ciudadano o un gremio bloquea sin aviso una avenida, una plaza o una oficina pública, pues sin previsión no hay desvíos ni información: miles quedan atrapados y la sorpresa termina por eclipsar la causa.
El automovilista detenido no tiene interés en el reclamo y reacciona con enojo, no con empatía. La protesta gana atención mediática, pero pierde legitimidad social.
La solidaridad es, por definición, voluntaria: no se obtiene cerrando calles. “La Marcha del Silencio” de 1968, contra la represión al movimiento estudiantil, se ganó a la opinión pública mostrando la justicia de su causa, no castigando a quien pasaba.
Cualquiera puede ser afectado mañana: hoy son jubilados sin pensión; mañana, el colono sin servicios, pero el argumento corta en ambos sentidos: cualquiera puede quedar atrapado en un bloqueo con un familiar enfermo, por eso hoy es conveniente acordar reglas que protejan ambos derechos.
Más que una moda, la protesta es un síntoma. Las redes abaratan la convocatoria y premian lo espectacular, y cuando un grupo obtiene respuesta tras bloquear, otros toman nota.
Mientras las instituciones no escuchen por vías formales, la calle seguirá siendo la ventanilla preferida.
Otras democracias protegen la protesta, pero la ordenan:
- España. Aviso con diez días naturales; solo se prohíbe o modifica ante riesgo fundado para personas o bienes.
- Aviso de cuarenta y ocho horas antes de convocar.
- Declaración ante la alcaldía o prefectura, de tres a quince días francos antes.
- Reino Unido. Aviso policial de seis días completos en Inglaterra y Gales; desde 2023 se sanciona obstruir infraestructura esencial.
- Estados Unidos. Restricciones de tiempo, lugar y modo, neutrales al mensaje.
En México el principio existe; faltan reglas operativas y autoridades que las apliquen con criterio.
Propuestas para equilibrar derechos
- Ventanillas que respondan. Fijar un plazo cierto al “breve término” del artículo 8º, con consecuencias para quien dé largas.
- Aviso previo, no permiso discrecional. Rutas acordadas, sin que el aviso sirva para negar el derecho.
- Corredores libres permanentes. Hospitales, emergencias, escuelas y oficinas públicas nunca deben quedar incomunicados.
- No premiar el bloqueo. Atender cada demanda por su mérito, no por la presión.
- Información oportuna. Avisar cierres y alternativas con las mismas redes que sirven para convocar.
El derecho a manifestarse y el derecho a transitar no son enemigos; lo son solo cuando la autoridad renuncia a su papel de árbitro, y olvidamos que la calle es de todos.
Una sociedad madura no prohíbe la protesta: la vuelve innecesaria como primer recurso y respetuosa cuando resulta inevitable.
Como toda buena obra, el equilibrio se construye con reglas claras, diálogo y respeto.
COROLARIO:
“Reglas claras, calles libres, voces escuchadas.”
- Fotografía en portada de Max Bender a través de Unsplash.