“Si torturas los datos lo suficiente, confesarán lo que sea.”
— Ronald Coase, economista
Cada informe de gobierno llega cargado de números: crecimiento de los tantos por ciento, reducción de la pobreza en tantos puntos, inversión histórica de tantos millones. La cifra se presenta como prueba irrefutable, como si el solo hecho de enunciarla bastara para volverla verdad, pero una cifra sin unidad de medida, sin línea base y sin metodología pública no es un dato: es un acto de fe disfrazado de aritmética.
ESPEJISMO DEL PORCENTAJE SUELTO
El problema es sistemático: las autoridades anuncian caídas en la inseguridad o crecimientos económicos sin especificar periodos, metodologías o comparaciones consistentes.
El discurso presentado carece de coherencia y unidad, presentando cifras que, si bien aparentemente positivas, no se contextualizan adecuadamente. Asimismo, la comparación entre programas sociales sin considerar el crecimiento del universo de beneficiarios o las modificaciones en la definición de “atendida” resulta infructuosa, ya que implica una comparación entre elementos heterogéneos, similar a comparar peras con manzanas.
De manera similar, las proyecciones de empleo o ingresos que carecen de modelos públicos claros se transforman en promesas infundadas.
Es imperativo aclarar que este ejercicio no pretende negar logros, sino que exige una demostración rigurosa de los mismos, ya que la ciudadanía merece rendición de cuentas transparente, no relatos optimistas carentes de verificación.
EXIGIR LA MISMA UNIDAD DE MEDIDA
Ante este panorama, debemos exigir una solución específica y alcanzable, no una queja general, por ello es importante:
I. Publicar toda cifra oficial con su metodología completa: fuente de datos, periodo, universo de referencia y fórmula de cálculo, en el mismo comunicado, no en un anexo técnico.
II. Las comparaciones interanuales deben usar bases constantes y explícitas: si se habla de inflación, pesos constantes; si se habla de cobertura, la misma definición de “atendido” o “resuelto” de un año a otro.
III. Los indicadores deben poder auditarse por terceros independientes, con acceso a las bases de datos crudas y no solo a los porcentajes ya procesados, que es donde suele ocurrir la manipulación.
IV. Si un programa cambia de metodología, publicar una nota explícita de la ruptura de serie, para que la ciudadanía sepa que los datos de ese año no son comparables con los del anterior.
V. Toda proyección futura debe incluir el modelo, los supuestos y el margen de error para distinguir un pronóstico técnico de un deseo político con decimales. Una proyección no auditable es una promesa disfrazada de estadística.
VI. Los organismos autónomos de estadística, como el INEGI, deben validar técnicamente las cifras gubernamentales de impacto social o económico, sin que el poder político las sustituya con un boletín de prensa.
Estas no son exigencias técnicas menores; son la diferencia entre una democracia informada y una gobernada por relatos.
MUTISMO
Es curioso, inusual y hasta sospechoso el silencio de las organizaciones intermedias de la sociedad civil. Cámaras empresariales, colegios y federaciones de profesionistas existen para servir de contrapeso técnico y representar los intereses de sus agremiados y de la sociedad.
En teoría, son quienes mejor podrían auditar cifras oficiales de vivienda, empleo u obra pública, gracias a su conocimiento especializado, sin embargo, con frecuencia guardan silencio o avalan sin analizar con el rigor de su disciplina, lo que se les presenta ya envuelto en cifras oficiales.
Ese silencio no es neutral. Cuando una organización cuyo pilar es servir a la sociedad deja de cuestionar, contrastar y exigir la metodología antes de aplaudir el resultado, renuncia a su razón de ser y se convierte en caja de resonancia de quien le conviene la cifra.
Esa omisión siembra dudas legítimas sobre su papel real: si no van a ejercer el criterio técnico que las justifica, ¿a quién sirven?
La sociedad tiene derecho a preguntarlo, y las propias organizaciones tienen la obligación de responderlo con hechos, no con comunicados de cortesía.
Un porcentaje sin denominador es una afirmación sin sustento, sin importar cuántas veces se repita. La aritmética no es opinable y no debe servir a quien la enuncia, sino al ciudadano, quien tiene derecho a verificarla, por eso debemos exigir datos verificables, pues constiyuyen la defensa mínima de la razón pública frente al relato.
Sin la obligación legal de transparentar metodología, línea base y universo de referencia en cada cifra que se presume como logro, seguiremos midiendo peras con manzanas y llamándolo resultado. Todos los ingenieros sabemos que ninguna estructura se calcula mezclando ni confundiendo unidades distintas al azar, como tampoco debería medirse así el desempeño de un gobierno.
Toda proyección que no pueda auditarse es una promesa vestida de estadística y las promesas, a diferencia de los datos, no se verifican: se creen o no se creen, y en un país que necesita reconstruir confianza en sus instituciones, esa diferencia lo es todo.
COROLARIO
“Sin denominador, no hay verdad.”
- Fotografía en portada de Thomas T. a través de Unsplash.