“En una época de engaño universal,
decir la verdad es un acto revolucionario.”
— George Orwell
En el escenario político y económico de nuestra entidad emerge con estridencia un asunto que, por su naturaleza y método, merece ser diseccionado con bisturí analítico: la pretensión de legitimar un nuevo préstamo bancario mediante una estrategia que oscila entre el chantaje velado y la simulación participativa.
No se trata de un ejercicio financiero aislado, sino de un síntoma recurrente de una clase política que ha hecho del apresuramiento su mejor aliado y de la opacidad su más cómplice herramienta.
El conflicto no es nuevo. El monto en discusión forma parte de una autorización legislativa anterior para ampliar el muelle fiscal del puerto de Progreso y por razones no del todo claras, solo se ejerció una fracción de ese financiamiento. Ahora, en lugar de rendir cuentas sobre lo no ejecutado, se pretende usar el saldo para otras obras “urgentísimas”.
El problema de fondo no es si las obras son necesarias —que probablemente muchas lo sean—, sino el extraño método con que se busca obtener y disponer de ese financiamiento.
Al no lograr la mayoría calificada en el Congreso, los operadores políticos simulan consenso con organizaciones civiles (a modo) y grupos legislativos, mientras negocian en petit comité canonjías y prebendas secretas. Este doble juego es el verdadero meollo del asunto.
DRAMATURGIA DE LA URGENCIA Y EL CHANTAJE MEDIÁTICO
El montaje escénico es evidente. Actores políticos, con y sin experiencia, han aparecido en tribunas y medios exigiendo la autorización del empréstito.
No se trata de un debate técnico; es una puesta en escena donde el objetivo es estigmatizar a todo aquel que cuestione, replantee o sugiera mejoras, pues quien duda, es tildado de enemigo del progreso; quien pide datos, de obstruccionista.
Este mecanismo de chantaje emocional no es nuevo en nuestra historia reciente. Se aprovecha de la necesidad real de infraestructura para fabricar una urgencia ficticia que justifique atropellos procesales.
La ciudadanía sabe que la premura suele ser improvisación y que “¡es ahora o nunca!” beneficia a intereses oscuros, no a las mayorías, más bien, se legitima así un método de coerción política donde el fin no justifica los medios.
TRANSPARENCIA COMO EXIGENCIA
Frente a esta tormenta de ocurrencias y arreglos bajo la mesa, debemos alzar la voz para recordar lo elemental: ningún proyecto público debe aprobarse sin cumplir con los estándares mínimos de planeación y control.
¿Acaso tenemos proyectos ejecutivos detallados? ¿Estudios de impacto ambiental y memorias de cálculo? ¿Calendarios de ejecución realistas y programas de pago transparentes? ¿Mecanismos de evaluación y cuantificación de avances? ¿Controles externos sobre el gasto?
La respuesta, hasta ahora, es un rotundo silencio.
Aquí radica nuestra propuesta profesional: si realmente se busca el bienestar colectivo, el camino no es la simulación ni el chantaje, sino la exigencia rigurosa de los cinco puntos que todo proyecto digno debe cumplir.
La política no es un juego de barajas donde se esconden las cartas; es un ejercicio de responsabilidad donde cada peso tiene un origen y cada obra un destino verificable y por ello, la garantía de no reservar información debe ser el principio rector, no una concesión generosa.
Es imperativo que la sociedad civil, la academia y los medios de comunicación ejerzan su rol fiscalizador sin ceder a la polarización interesada. No se trata de estar en contra del desarrollo, sino de exigir que el desarrollo sea genuino, medible y sostenible, reiteramos que la transparencia no es un lujo; es un requisito sine qua non para que los recursos no se conviertan en simples botines de campaña anticipada.
OPINIÓN PROFESIONAL.
Como analistas de la realidad política y económica, observamos con preocupación cómo se repiten los patrones del pasado: legitimar un préstamo para tapar un agujero presupuestal, chantajear a los actores disidentes con el fantasma de la inacción y, al final, prestar el dinero sin que medie una verdadera auditoría social.
Este ensayo invita a la reflexión crítica y a la acción ciudadana, y recuerda que la política económica no es asunto de iluminados ni de especialistas intocables, sino de responsabilidad compartida.
Este ciclo vicioso —legitimar, chantajear, prestar— no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que hipoteca el futuro de las nuevas generaciones con deudas que no generan el bienestar prometido.
Nuestra postura no es el pesimismo estéril, sino la exigencia activa, pues creemos posible un escenario distinto si la ciudadanía se organiza, si los medios investigan sin concesiones y si los políticos de buena fe se atreven a romper el pacto de silencio.
La legitimidad de un préstamo se basa en la convicción de que cada obra es necesaria, bien planeada y vigilada, no en decretos ni aplausos comprados y por ello rechazamos que la urgencia justifique la opacidad: el desarrollo es una carrera de fondo, medida por la calidad del impacto, no por la rapidez del gasto.
La propuesta inteligente es posponer cualquier autorización que no cumpla con los estándares técnicos y sociales mínimos, y abrir un verdadero debate público donde las cifras y los planes sean sometidos al escrutinio de todos.
Corolario:
“Exigir transparencia es construir confianza.”
- Fotografía en portada de Miles Burke a través de Unsplash.