“Cuando dos pelean,
el que paga los platos rotos,
casi nunca estuvo sentado a la mesa.”
—Dicho popular
Hay una vieja costumbre que insiste en disfrazarse de novedad: cuando la autoridad calla, se le estrangula, pero no al funcionario omiso, entiéndase, sino a la ciudadanía que nada tiene que ver con el litigio.
El bloqueo de una carretera, el cierre de un puente, la toma de una caseta de peaje o el paro de un servicio esencial, se han convertido con pasmosa naturalidad, en el instrumento predilecto para presionar a quien debió atender un reclamo hace meses y prefirió el silencio administrativo.
El resultado es perverso e irónicamente fino: el gremio inconforme golpea la puerta equivocada y despierta, invariablemente, a quien no debía.
El antecedente es largo y no exclusivamente mexicano, ya que tiene procedencia desde los sindicatos ferroviarios del siglo XIX hasta las huelgas generales europeas de posguerra, dónde la interrupción de infraestructura ha sido el arma de quienes carecen de otros canales.
Aquellos orígenes tenían casi siempre, una relación directa entre el punto bloqueado y el agravio reclamado: se detenía la fábrica que explotaba, o la mina que no pagaba.
Lo que hoy vemos en buena parte de Yucatán y del país es otra cosa: la carretera que se cierra no es responsable del bache, ni el peaje retenido resolverá el expediente extraviado en un cajón municipal. Se ha sustituido la proporcionalidad por la conveniencia: bloquear es barato, mediático y no requiere argumento técnico alguno, solo basta un plantón y una cámara.
CONSECUENCIAS SIN CULPABLES.
La primera víctima de este método es, invariablemente, quien menos capacidad tiene de defenderse: el transportista que pierde el día, el paciente que no llega a diálisis, el comerciante cuya mercancía perece en el tráiler detenido.
La segunda víctima, menos visible pero más grave desde la ingeniería civil, es la infraestructura misma.
Los cierres prolongados sobrecargan vías alternas, deterioran pavimentos, saturan cruces y aumentan el riesgo de accidentes, pues bloquear una arteria afecta a los automovilistas y peatones de hoy y de mañana, hipotecando la funcionalidad de la red.
Existe además una consecuencia institucional silenciosa:
“cada bloqueo exitoso, enseña que el chantaje funciona mejor que el procedimiento”
Lo anterior erosiona el incentivo para litigar, denunciar o exigir por la vía formal, y se normaliza una suerte de “derecho de picota” medieval, donde gana quien más incomoda, no quien tiene la razón.
La autoridad omisa, paradójicamente, sale beneficiada del desorden, ya que puede negociar puntualmente con el grupo que bloquea, sin resolver la causa estructural que generó decenas de reclamos legítimos que nunca cerraron una calle.
PRESIONAR SIN FASTIDIAR.
No se trata de pedir resignación ante la autoridad sorda, sino de exigir eficacia sin daño colateral, así podemos ver que otros países ofrecen rutas que vale la pena estudiar y lo que podríamos hacer nosotros:
- Francia, pese a su tradición de movilización callejera, cuenta con el “référé” administrativo: un mecanismo judicial de urgencia que obliga a la autoridad a responder en cuestión de días cuando existe omisión manifiesta, sin necesidad de cerrar una sola vialidad.
- Alemania privilegia la “Petition al Bundestag” y a los parlamentos estatales, con umbrales de firmas que obligan a una respuesta pública documentada.
- Corea del Sur ha desarrollado plataformas digitales de peticiones ciudadanas —como la del propio gobierno— donde una cifra determinada de adhesiones obliga a un pronunciamiento oficial dentro de un plazo perentorio.
- Canadá, por su parte, ha desarrollado la figura del Ombudsman de infraestructura pública, con facultades para emitir dictámenes vinculantes en plazos fijos cuando existe rezago comprobado en obra o servicio; su sola existencia disuade buena parte de la conflictividad callejera al ofrecer un cauce creíble antes del bloqueo.
- México tiene el amparo por omisión, el juicio de lesividad y las comisiones de derechos humanos que existen, pero se usan poco porque son lentos, desconocidos o están maniatados.
Aquí yace una importante tarea pendiente para los colegios de ingenieros y arquitectos, las cámaras empresariales y la sociedad civil organizada: la de acompañar técnicamente esas denuncias, documentar con datos duros el incumplimiento —plazos vencidos, presupuestos subejercidos, obras inconclusas— y convertir esa evidencia, en presión mediática dirigida exclusivamente hacia el responsable, no hacia el tercero inocente.
Las huelgas de brazos caídos en oficinas públicas, las auditorías ciudadanas con nombres de funcionarios y los plantones frente al edificio de gobierno logran visibilidad sin afectar a la ciudadanía.
La eficacia no está reñida con la civilidad y presionar con precisión, no con estrangulamiento indiscriminado, es también un ejercicio de ingeniería social: identificar el punto exacto de falla y actuar sobre él, no sobre la red completa que sostiene a todos por igual.
Adoptar figuras semejantes exige, claro, voluntad política de ambos lados: autoridades dispuestas a responder con plazos ciertos y ciudadanía dispuesta a construir el expediente técnico en lugar del plantón improvisado.
Ese tránsito, del reclamo visceral al reclamo documentado, es precisamente el terreno donde la ingeniería civil puede aportar más que cualquier otro gremio: no solo diseñamos la infraestructura que se bloquea, también podemos diseñar el argumento que la libera.
Corolario:
“Presionar con puntería, no con daño.”
- Fotografía en portada de Alvaro Serrano a través de Unsplash.