“No hay nada más peligroso,
que una idea simple,
ejecutada con absoluta convicción.”
— atribuida a Paul Valéry
Mérida ha resuelto, con elegancia tropical, el problema de los encharcamientos: cuando el agua no sabe a dónde ir, se le abre una zanja y se le invita a que se vaya hacia abajo.
El gesto es noble, casi caballeroso pues el subsuelo calcáreo, generoso como pocos, recibe el convite sin preguntar demasiado.
El problema —porque siempre hay un problema cuando la solución es demasiado fácil— es que el subsuelo que recibe el agua de lluvia, es el mismo que unos metros más abajo, guarda el agua que bebemos.
La ciudad, hay que decirlo en su favor, no ha sido del todo desordenada en esto. Existió, desde 2014, un censo municipal de drenaje pluvial que clasificó los sistemas existentes según un criterio precisamente pertinente: cuáles desalojan el agua directamente hacia el acuífero, es decir, cuáles llevan a un pozo.
Aquel ejercicio, modesto pero honesto, demostró que el ayuntamiento sabía, al menos entonces, qué tenía bajo el pavimento. Lo que vino después fue, como suele ocurrir, más urgencia que memoria.
“Mérida resuelve sus encharcamientos,
perforando y contaminando sin saberlo,
el futuro de su agua potable.”
– Alfonso A. González Fernández
I. El espejismo de la solución rápida
Conviene decir las cosas con la finura que merecen: no es que la técnica del pozo de absorción sea en sí misma censurable, ya que en geologías kársticas como la yucateca, la infiltración controlada es una estrategia reconocida internacionalmente.
El matiz —ese pequeño detalle que separa la ingeniería de la improvisación— está en la palabra “controlada”.
Un pozo sin pretratamiento del agua, sin trampas de sedimentos, sin filtros que retengan hidrocarburos y grasas, no es infraestructura: es un embudo directo hacia el acuífero.
La escala del asunto se volvió visible, sin ironía posible, en la contingencia de lluvias de finales de mayo de este año.
En apenas unas horas de precipitación extraordinaria, el reporte municipal informó 6,489 limpiezas de rejillas, 2,386 sistemas de drenaje instalados y 4,153 pozos desazolvados en distintos puntos de la ciudad.
Si en una sola temporada de emergencia hay que destapar más de cuatro mil pozos, la pregunta deja de ser retórica: ¿cuántos miles existen realmente, sin censo actualizado, recibiendo agua sin filtro alguno desde hace años?
La autoridad misma reconoció que uno de los principales retos sigue siendo el vertido de grasas y aguas jabonosas que obstruyen la infraestructura.
¡Hemos construido la solución y, al mismo tiempo, alimentado el problema, como quien cultiva dos cosechas opuestas en la misma parcela!
El mantenimiento, que en México suele ser hipotético, deja de serlo cuando se desazolvan cuatro mil pozos por contingencia, una operación recurrente, costosa y reactiva, así que lo que falta es voluntad de prevenir lo que se ensucia y contamina, no de limpiar.
II. Propuestas y costo, sin maquillaje.
Conviene hablar de números, aunque sean paramétricos —estimaciones de trabajo, no cifras oficiales, ante la ausencia de un censo vigente, realicemos estas tareas:
1. Actualizar el censo de 2014 con geo-referenciación y diagnóstico hidrogeológico básico: un ejercicio de esta magnitud, considerando el universo probable de 6,000 a 9,000 pozos sugerido por la sola cifra de la contingencia de mayo, costaría entre $12 y $20 millones de pesos (seis meses).
No es una cifra menor, pero es la condición previa indispensable: no se puede proteger, ni presupuestar con seriedad, lo que no se ha contado.
2. Instalar pretratamiento real (trampa de sedimentos y filtro de grasas) en cada pozo costaría entre $15,000 y $35,000 pesos por unidad, sumando tenemos entre $120 y $180 millones de pesos para el universo estimado.(12 meses)
3. Adecuar las rejillas urbanas, a $8,000 y $18,000 pesos cada una, añadiría entre $60 y $84 millones más. El total de esta fase sería entre $190 y $280 millones de pesos. (12 meses)
Esta cifra parece alta, pero es menor que el costo de remediar un acuífero contaminado, ese que ningún presupuesto municipal ha cotizado, porque nadie quiere hacer esa aritmética.
4. Mirar hacia la superficie: soluciones de “ciudad esponja” —jardines de lluvia, pavimentos permeables, biofiltros— cuyo costo por intervención puntual que determinartán los estudios, oscila entre $25,000 y $60,000 pesos por sitio, pero que reducen, a mediano plazo, la frecuencia y el costo de los desazolves de emergencia.(12 meses)
La diferencia no es solo estética ni presupuestal: el suelo filtra biológicamente lo que una zanja jamás filtrará.
5. Normar técnicamente, con respaldo de CONAGUA, organismos oficiales y colegios de profesionistas —autónomos, cualquier nuevo pozo, exigiendo estudios de infiltración previos. Esta norma, que requiere solo voluntad administrativa, es casi una sentencia en sí misma. (12 meses)
Como vemos, para eliminar la mala costumbre de decidir dónde cavar basándose en encharcamientos, se necesita invertir entre 200 y 300 millones de pesos en 20 meses, incluyendo dictamen y asignación de obras.
Estas soluciones son insuficientes para proyectos de cientos de millones de pesos, especialmente para la única reserva de agua dulce de la península y la salud de sus habitantes.
Mérida necesita infiltración pluvial por su geología, pero debe dejar de usarla como solución de emergencias y presupuestarla como una necesidad, el encharcamiento se resuelve en una tarde, pero la contaminación del acuífero puede tardar generaciones en solucionarse, a un costo que ningún ahorro actual justifica.
Corolario:
“Cavar bien, o no cavar.”
- Fotogrfía en portada de Wes Warren a través de Unsplash.