Refugio sofisticado de la impunidad
“La luz del sol es el mejor desinfectante.”
Louis D. Brandeis,
—Juez de la Suprema Corte de EE.UU.
Hay una paradoja curiosa en el manejo gubernamental de la información: los mismos aparatos del Estado que exigen al ciudadano transparencia absoluta —declaraciones fiscales, constancias de domicilio, certificados de nacimiento, registro de líneas telefónicas — se permiten a sí mismos esconder durante años, y a veces décadas, los resultados de su propia gestión.
La “Reserva de información”, pensada en origen como escudo para la seguridad nacional, se ha convertido en el instrumento más elegante y jurídicamente respetable para proteger no al país, sino a quienes lo gobiernan.
El mecanismo no requiere corrupción activa: basta tan solo con la inercia, p. Ej., un estudio técnico sobre la permeabilidad de un acuífero, una auditoría de obra pública, un reporte sobre la efectividad de pozos de absorción, pueden dormir en un archivo clasificado, no porque su divulgación ponga en riesgo al Estado, sino porque incomoda a los funcionarios que tomaron las decisiones.
La temporalidad de la reserva está cuidadosamente calibrada: es suficiente para que el responsable acabe su mandato, cobre su pensión y además —como bono de marcha, goce de los “frutos” de su gestión, y viva en paz.
DIFERENCIA CON PAÍSES TRANSPARENTES.
Democracias como Suecia, Finlandia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Canadá, priorizan la transparencia, exigiendo justificaciones para la negativa de información, publicando reportes internamente y otorgando poderes sancionadores a comisionados.
Tras el huracán Katrina, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. (USACE) reconoció la importancia de la transparencia en obras públicas, asumiendo la responsabilidad de informar sobre condiciones, fallas y motivos de las obras. Ocultar las condiciones, fallas o motivos de una obra pública, argumenta el Cuerpo, no protege al Estado: lo expone.
Hay que recalcar que, en este país, toda la infraestructura se clasifica como de Seguridad Nacional, ya que son posibles blancos de violencia o sabotaje.
Como vemos, estas diferencias no son culturales ni geográficas, sino de diseño institucional, dando prioridad al costo de la transparencia sobre el de la impunidad.
ALLÁ SÍ Y AQUÍ NO
Las razones por las que aquellas naciones abrazan la transparencia mientras otras la temen son en el fondo, las mismas razones que explican la calidad diferencial de sus instituciones.
- En los países de alta transparencia existe una sociedad civil activa, una prensa independiente y órganos autónomos de fiscalización. La información reservada tiene consecuencias cuando finalmente emerge, porque hay alguien capaz y dispuesto a procesarla.
- La carrera pública en esos sistemas ofrece estabilidad, reputación y pensiones decorosas; el funcionario tiene menos que ganar ocultando, y más que perder si lo descubren.
- La transparencia no se percibe como amenaza sino como activo. Un reporte técnico que documenta un problema —digamos, la contaminación de un manto freático por mal diseño de la infraestructura urbana— se convierte en punto de partida para la solución, no en evidencia de culpabilidad que hay que enterrar.
La cultura institucional trata el error reconocido como oportunidad de mejora; la cultura del secreto lo trata como revelación fatal.
COSTOS INVISIBLES.
La reserva de información tiene tres costos que pocas veces se contabilizan.
- Epístemico (o intelectual): las decisiones que se toman sin acceso a los datos reales son sistemáticamente, las peores decisiones. Así entonces, el ciudadano—que paga con sus impuestos las consecuencias de ese desconocimiento inducido, no tiene forma de exigir cuentas, porque no sabe ni conoce que existe.
- Legitimidad. Cuando una sociedad descubre —tarde, reportes de riesgo guardados, la confianza institucional colapsa. Los archivos secretos destruyen más que los documentos publicados a tiempo, dejando claro que lo oculto, se exagera en la imaginación pública, más allá de la realidad. La transparencia incomoda; la reserva descubierta, escandaliza.
- Silencioso: Los ingenieros, científicos y expertos que producen reportes y ven cómo sus conclusiones se clasifican, aprenden que el rigor técnico no tiene futuro institucional. Descubren que los datos incorrectos que no incomodan, acaban perdurando más que los datos correctos que si molestan. Lamentablemete de esa manera, la administración pública se va vaciando de la mejor gente.
REFORMAR Y VOLUNTAD, SON LAS PREGUNTAS.
México tiene una Ley General de Transparencia y tuvo un Instituto Nacional de Transparencia (INAI) que, sobre el papel, deberían hacer impensables las prácticas descritas. La realidad es que el andamiaje jurídico existe y funciona de manera desigual: en algunos estados razonablemente bien, en otros, olímpicamente son solo un decorado.
La brecha entre la norma escrita y la cultura institucional sigue siendo tan ancha, que caben en ella varios años de reportes técnicos sin publicar.
La transparencia en política no es ingenuidad, porque tiene consecuencias reales, pues clasificar documentos sin razón, debe implicar sanciones para los funcionarios que escondan reportes, pues se arriesgan más de los que los publican. Esto cambiaría el comportamiento de las instituciones, no por bondad, sino por interés y seguridad propios.
Mientras eso no ocurra, el archivo clasificado seguirá siendo la herramienta favorita de la mediocridad con poder: barata, legal, socialmente aceptada y devastadoramente efectiva para proteger errores a expensas del bien común.
Con lo expuesto, inferimos que cuando los gobiernos clasifican sus propios errores, la reserva de información deja de ser seguridad nacional y se convierte en el refugio más sofisticado de la impunidad.
Corolario:
“El Estado tapa, el clan cobra, el pueblo paga.”
- Fotografía en portada de Adrien Brunat a través de Unsplash.