El 19 de septiembre se cumplen ya dos años del sismo de magnitud 7.1 que en 2017 sacudió a varias ciudades de nuestro país incluida su capital la Ciudad de México, casualmente ese mismo día pero 32 años antes el mismo fenómeno hizo que el país entero se pusiera de luto ante la tragedia moderna más devastadora que México ha enfrentado en este tema. Fue un parte aguas que modificó muchos de los aspectos de la vida cotidiana de la Ciudad de México, se creó una cultura de protección civil y los códigos de construcción sufrieron la mayor de las modificaciones hasta entonces no aplicadas, se instaló un sistema de alerta temprana conocida coloquialmente como “la alerta sísmica” y año con año en escuelas, oficinas gubernamentales y centros de trabajo de todo tipo se practican simulacros y se implementa capacitación a brigadas que se activan ante la alerta de un fenómeno de esta naturaleza. Se asegura que gracias a todas estas medidas de prevención que durante 32 años se fueron implementando se salvaron miles de vidas y la respuesta de los sistemas de emergencia fue por mucho más rápida y eficiente; sin embargo también nos dejó ver en claro los puntos débiles.
Cuando pensamos en un sismo por mucho el primer problema que se nos viene a la mente es el colapso de edificios, y claro, es lo más preocupante que nos pueda ocurrir durante un fenómeno de este tipo, sin embargo también se derivan problemas de otra naturaleza, desde fallas en las instalaciones produciendo escapes de gas que provocan incendios y explosiones, hasta consecuencias naturales como los tsunamis, o en el peor de los casos consecuencias sociales adversas como los saqueos ocurridos en Chile en 2010. Este último comportamiento social desafortunadamente es muy conocido en Baja California Sur, específicamente en Cabo San Lucas, donde a falta de una autoridad local competente para actuar ante los ataques de estos fenómenos, perdió la ciudad por algunas horas después de la llegada del huracán Odile en septiembre de 2014.
Los códigos de construcción de la Ciudad de México han sufrido una evolución desde 1985, y se ha puesto especial cuidado en el tema sísmico. Durante ese mismo tiempo han sido copiados al resto del país, en algunas ocasiones tal cual se expiden en la capital, en otras adaptando a condiciones locales y en otras más haciendo una mala copia de estos. Sin duda alguna estas regulaciones han aportado para bien muchos cambios que sin ellos las consecuencias del 2017 se hubieran multiplicado, sin embargo también ha quedado claro que no se han aplicado en el 100% de los casos.
“La corrupción mata”
Comparaciones sobre regulaciones en materia de prevención sísmica para las construcciones podemos hacer con varios países, por mucho Japón es uno de los más avanzados en el tema, nuestro hermano latinoamericano Chile ha realizado un gran esfuerzo en esta área, los Estados Unidos de América siempre están en el top 5 en cuanto a la inversión de investigación de este tema, aún así las regulaciones en México son bastante aceptables, sin embargo aquí también sale a flote un gran problema, la corrupción.
Según algunos especialistas en construcción, las regulaciones de prevención sísmica en una edificación pueden incrementar en 10, 15 o hasta un 25% el costo de construcción, por mucho claro es más barato que perder el 100% de tu edificio a consecuencia de un sismo, pero más importante aún ¿cuánto vale una vida humana? Regresando a las comparaciones el número de fallecidos en la Ciudad de México a consecuencia del sismo de 2017 según cifras oficiales ascendió a 228 y sumaron en total 369 en todo el país, contra 15 fallecidos a causa del sismo de magnitud 7 de 2015 en Coquimbo, Chile. Por supuesto podríamos argumentar la diferencia en densidad de población o características urbanas, pero salta a la vista un dato por demás importante. De acuerdo a Transparencia Internacional, en el Índice de Percepción de la Corrupción Chile ocupa el lugar 27 con una calificación de 67, mientras que en México ocupamos el lugar 138 con una calificación de 28, de un total de 180 países.
Una actualización que no llega al resto del país.
El 15 de diciembre de 2017, casi 3 meses después del sismo, se publica en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México una actualización al Reglamento de Construcciones y a las Normas Técnicas Complementarias tanto de análisis como de diseño, aportando importantes cambios en el análisis sísmico pero además incorporando nuevas figuras de peritos, tal es el caso de la separación de los Corresponsables Estructurales en nivel 1 y 2 así como la creación de los Especialistas Auxiliares y un Consejo Técnico que se convierte en el grupo asesor del gobierno en este tema. De igual manera se crea una nueva NTC, la Norma Técnica Complementaria para la Revisión de la Seguridad Estructural de las Edificaciones (NTC-RSEE). Se profesionalizan los dictámenes estructurales y se regulan los contratos de servicios profesionales para estos trabajos. Además se regula el otorgamiento de registro como perito en estas áreas a través de una revisión más detallada y la defensa de un examen. Mientras tanto en la mayoría del resto del país es por demás laxa la obtención de un registro como perito de construcción, ya sea como Director Responsable de Obra o como Corresponsable de Obra.
Por supuesto que no todo el país tiene las mismas condiciones y están expuestos a los mismos riesgos y peligros naturales, en algunos lugares serán los sismos los que causen mayores estragos a las construcciones, otros posiblemente se vean afectados por inundaciones y algunos más por el ataque de fuertes vientos como consecuencia de los huracanes, por citar algunos. Por ello es importante mantener esos códigos actualizados, acorde a las nuevas condiciones urbanas, tomando en cuenta el cambio climático, y siendo más responsables en el otorgamiento de los registros a los peritos encargados de la revisión de las construcciones.
- Fotografía en portada del archivo personal del ICC Tito G Fenech Cardoza.