El 15 de mayo inicia oficialmente la temporada de huracanes y con esta las provisiones que año con año tenemos que adoptar en pro de una cultura de prevención; aun y con la experiencia que los años han dotado a las distintas regiones del país ante estos fenómenos, en materia de adecuación de infraestructura ante riesgos naturales nos encontramos lejos de tener una estabilidad sólida. El artículo 115 constitucional confiere a los ayuntamientos, entre otras cosas, autonomía en materia de construcción, desde autorizaciones de uso de suelo hasta licencias de construcción, resultando con ello una matriz muy variada en el marco jurídico de construcción a todo lo largo y ancho del país, siendo los ayuntamientos con mayor presupuesto y actividad en la construcción aquellos que desarrollan una mejor legislatura al respecto, cuidan mejor el desempeño institucional y en consecuencia logran una mayor recaudación por estos rubros, y aquellos con menor capacidad económica y técnica tienen una legislación más relajada, en algunos casos nula, con un cabildo y funcionarios que en ocasiones son ajenos a esta área. Durante algunas décadas se utilizó erróneamente copias fieles de los reglamentos y normas técnicas complementarias del extinto Distrito Federal, pero con su conversión a Estado de Ciudad de México ese llamado a la supletoriedad pierde todo sustento jurídico, si acaso quedaba algo, pues la estructura orgánica del DF no coincidía con los ayuntamientos y además estos lineamientos técnicamente se focalizan en las condiciones geológicas y geográficas de la Ciudad de México.
Como consecuencia hoy en día en la mayoría de los Municipios, incluidos los de Baja California Sur, a falta de actualización y claridad en esta legislación, los responsables en materia de construcción continúan siendo la autoridad en turno y los propietarios de los proyectos. Por ello, en la mayoría de los casos de falla de las estructuras ante fenómeno naturales, no prosperan las denuncias, pues las autoridades encargadas de llevarlas a cabo son una de las partes responsables, tal es el caso de los edificios colapsados en el municipio de Los Cabos durante la Tormenta Tropical Lidia, como consecuencia de la construcción en una zona federal sin protección debidamente realizada.
Poco a poco hemos visto como algunos ayuntamientos se han aplicado en estos temas y a través de las direcciones municipales de protección civil, con base en la Ley General de Protección Civil solicitan dictámenes de análisis de riesgo para evaluar los riesgos de los asentamientos humanos, o dictámenes de seguridad estructural para el caso de edificios que concentran o reciben una afluencia masiva de personas, sin embargo a falta de personal calificado para revisar estos documentos se han detectado “dictámenes” que en la práctica no dicen nada, ni siquiera quienes suscriben estos documentos concluyen en algo tangible, dejando ambigua su opinión y hasta responsabilidad, y en consecuencia manteniendo la responsabilidad hacia la autoridad y propietario. El mismo caso podemos observar en las direcciones de licencias de construcción municipal al intentar interpretar una memoria de cálculo estructural de las edificaciones que se autorizan, donde en su mayoría los peritos “olvidan” la aceptación de la responsabilidad sobre estos estudios que realizan. Y la historia se repite en el tema ambiental e incluso en algunos casos en el catastral.
Por ello, sin violentar el 115 constitucional, en México se requiere una unificación de los tramites en materia de construcción, al menos en lo general, y que los ayuntamientos actualicen sus reglamentaciones locales para incluir los temas particulares de cada región. Además de estandarizar en lo general las normas técnicas complementarias de diseño, criterios estructurales y sobre todo de evaluación de riesgos de sitios y de revisión de seguridad estructural de edificaciones, de tal forma que la brecha entre ayuntamientos del país en este rubro se elimine, pero sobre todo, se brinde seguridad estructural a los usuarios de la infraestructura construida en estos lugares susceptibles a huracanes, inundaciones o sismos.
- Fotografía de Tim Marshall en Unsplash.