El pasado viernes 26 de abril de este año finalizaron los foros de consulta para la actualización de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPySRM) que llevó a cabo la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados. A ellos asistieron diversos organismos civiles como Colegios de Profesionistas, Cámaras Empresariales y Asociaciones Técnicas; ante esta oportunidad de mejora y actualización al escenario actual de esta ley, la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana (FECIC), la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana (FCARM), las Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), después de un análisis del tema, coinciden en la mayoría de sus puntos, cada uno por supuesto inclinados a fortalecer las propuestas que más inciden en sus agremiados, pero en general, ninguna de ellas en demérito de otra asociación, por lo que después de una recapitulación, podemos a manera de conclusión presentar las siguientes propuestas coincidentes:
- Creación de un verdadero Observatorio Ciudadano. Los Colegios de profesionistas, en este caso de Ingenieros Civiles y Arquitectos, cuentan con el perfil profesional idóneo para participar en las Obras de Infraestructura pública mediante un Observatorio Ciudadano que auxilie a la autoridad desde el proceso de planeación hasta la recepción de las obras, trasparentando las acciones que en muchos de los casos pareciera a la sociedad son acciones de secreto de estado cuando en realidad es el ejercicio anual de un presupuesto público. Para ello hemos presentado una iniciativa de creación de Observatorio Ciudadano que tenga por objeto la asesoría, opinión, proposición, seguimiento y evaluación de los programas, proyectos y acciones en materia de OPySRM, y que cuente con reglamento interno propio.
- Eliminación de las obras por administración y acotación de las adjudicaciones directas e invitaciones restringidas. Hoy más que nunca la sociedad está al pendiente del ejercicio público, y la petición más recurrida de la ciudadanía en las pasadas elecciones fue el combate a la corrupción. Por ello nos permitimos proponer que, salvo en los casos de ocurrencia de fenómenos extraordinarios como sismos, huracanes, inundaciones, etc, y previa declaratoria de emergencia por parte del ejecutivo, se eliminen por completo los contratos por adjudicación directa, y se liciten públicamente todas las obras y sus servicios relacionados con las mismas. En el caso de las licitaciones por invitación restringida, disminuir los montos de estos contratos a 6,000 UMAS y bajar del 35% permitido al 15% lo que pueda contratarse de cada programa de obra por esta modalidad. De la misma manera solicitamos la eliminación de ejecución de obras por administración, pues la práctica nos enseña que bajo esta modalidad es donde la ocurrencia de la corrupción se vuelve más frecuente.
- Eliminación de asignación de contratos de obra pública desde oficinas centrales. Salvo aquellas obras de impacto regional o nacional, es decir, que impacten a dos o más Estados, dejar a cargo de las delegaciones la licitación y ejecución de las obras. Esto ayudará a una mejor distribución de la derrama económica que supone la Obra Pública, sobre todo en beneficio de las MiPyMEs de la industria de la construcción local.
- Cumplimiento con la normatividad vigente y verdadera participación de los Peritos de Obra. Todas las obras, públicas y privadas, deben cumplir con la normatividad en materia de construcción vigente que les corresponda, autorizaciones ambientales, derechos de paso, autorización de uso de suelo, viabilidad de proyecto, licencias de construcción, etc. y las propiedades donde se construyen estas obras estar debidamente registradas en los catastros y registros públicos de la propiedad. Por ello solicitamos la inclusión de los Directores Responsables de Obra en la revisión de los proyectos de infraestructura pública, desde su planificación hasta su terminación. De la misma manera la figura de Auditor de Obra Pública que se suspendió hace seis años debe reactivarse, cumpliendo con el perfil profesional idóneo, Ingeniero Civil o Arquitecto, así como con sus debidas certificaciones.
- Inclusión de una Supervisión Técnica externa y creación de Bancos de Proyectos. En casi la totalidad de los casos de obra pública, la supervisión a la que se somete una obra es de tipo administrativa, dejando indefenso el tema técnico y por ende la calidad. Esto genera como resultado una deficiencia en la calidad y vida útil de las obras. Por ello proponemos que los programas de obras públicas incluyan una partida para contratación de supervisión externa, que garantice la correcta ejecución de las obras, cumplimiento de las especificaciones de calidad contractuales y seguimiento de los programas de ejecución. Además de lo anterior, la principal causa de falta de infraestructura básica de calidad es la ausencia de proyectos ejecutivos, los ayuntamientos y dependencias no pueden acceder a los fondos de infraestructura por carecer de financiamiento para la elaboración de proyectos ejecutivos, de ahí la importancia que se incluya otra partida para la elaboración de proyectos ejecutivos de obra pública dentro de los mismos programas de obra, y se pueda acceder a esos fondos para la creación de bancos de proyectos.
- Integración de la LOPySRM al Sistema Nacional Anticorrupción. Como mencionamos anteriormente, la principal petición ciudadana en las pasadas elecciones fue el combate a la corrupción. Necesitamos transparentar la obra pública, eliminar las adjudicaciones directas y disminuir al máximo las invitaciones restringidas, hacer públicos los fallos de obra e involucrar a la sociedad mediante un verdadero observatorio ciudadano en la ejecución de las obras; optimizar las herramientas de control, implementar sistemas de gestión anticorrupción y legislar las consecuencias para quienes caigan en los supuestos de actos de corrupción. Para esto proponemos que se integre la LOPySRM con el Sistema Nacional Anticorrupcióny y se profesionalice a todos los actores que participan en la asignación de contratos y ejecución de las obras, desde la alta dirección hasta la supervisión de campo respetando los perfiles profesionales.
- Activar el registro único de contratistas. Si bien es cierto que este punto ya existe en la actual LOPySRM en la práctica no se lleva a cabo por lo inviable que ha resultado en muchas de sus variables. La propuesta es que dichos registros se lleven a cabo a través de las contralorías estatales, y sirvan para los tres niveles de gobierno, así en lugar de manejar un registro por cada dependencia sólo tendríamos una por estado. En este se registraría toda la información relativa a las empresas como acta constitutiva, capital contable, equipo y maquinaria pesada con la que cuenta, currículum vitae de la empresa y sus técnicos, etc. De tal forma que a petición de la empresa o alguna dependencia puedan actualizarse cuando así lo requieran. Esto además de ser una herramienta de transparencia, ahorraría documentación a entregar en cada licitación, fijando en las bases la antigüedad máxima de su última actualización.
Ahora que se han concluido los foros, la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados deberá procesar y conciliar las propuestas de los distintos participantes para realizar un proyecto de ley que englobe estas aportaciones y se actualice para hacer frente a los retos que en materia de infraestructura está enfrentando hoy en día el país.
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Fotografía de portada por Colin Czerwinski en Unsplash.