En los últimos meses se ha discutido en Baja California Sur, tanto en el Congreso como en la ciudadanía, la propuesta de Ley de Movilidad enviada por el ejecutivo a los diputados, propuesta que fue postergada para su debate hasta el próximo mes, y que mediáticamente se polarizó por su apertura hacia los servicios de transporte público contratados a través de plataformas digitales, confinando el debate a “taxis contra ubers”.
Pero esta propuesta de ley va más allá de esta confrontación, y es que al día de hoy en BCS sólo contamos con una Ley de Transporte del año 1997, no solamente obsoleta con respecto a los vehículos y opciones de servicio actuales, sujeta a un modelo económico que en su momento de implementación ya era obsoleto, carente de innovación y con tendencia a la monopolización, sino que además está desfasada a las políticas de movilidad federales que SEDATU desea implementar en México, que dicho sea de paso, van acorde a las tendencias internacionales.
Salta a la vista cuando comparamos las dos leyes, donde la actual Ley de Transporte se centra desde su inicio en las concesiones de transporte abarcando ese tema durante toda la ley en casi un 80% de su contenido. En cambio esta nueva propuesta lo primero que hace es una jerarquía en la movilidad, colocando en la cima a los peatones, con un apartado especial para las personas con discapacidad, seguido de los ciclistas, transporte no motorizado, usuarios de transporte público, prestadores de transporte público, prestadores de transporte de carga, y al final a los usuarios de transportes particulares.
El hecho de iniciar con esta jerarquización se debe a que será el criterio a regir durante la mayoría de los ordenamientos contenidos en esta propuesta. El primer ejemplo lo tenemos, por ordenamiento de esta Ley, la instalación de ajustes necesarios en la infraestructura y señalamientos existentes que se requieran y la inversión en infraestructura futura sobre la vía pública, por primera vez en el Estado de BCS, se orientará conforme a la jerarquización mencionada siguiendo los principios de seguridad, accesibilidad, eficiencia, igualdad, calidad, resiliencia, multimodalidad, sustentabilidad y salud ambiental, participación y corresponsabilidad social, innovación tecnológica y vocación social. Para ello, el Instituto propuesto en esta ley emitirá manuales y lineamientos técnicos para el diseño de la infraestructura y equipamiento para la movilidad y creará un programa de capacitación a usuarios y prestadores de servicio, promoviendo los nuevos hábitos en movilidad. Lo anterior significa que veremos en las próximas décadas una transformación del equipamiento urbano, tal como sucedió en la Ciudad de México que ante la saturación vehicular optó por implementar políticas más innovadores en esta materia.
Con ello tendremos que actualizar varios reglamentos, como lo es el Reglamento de Fraccionamientos del año 2000, en el que se regulan las secciones de vialidades y dicho sea de paso, está totalmente desfasado en tiempo y tecnología.
Además hace a los ayuntamientos corresponsables en la ejecución de esta jerarquización y se plantea algo que muchos ciudadanos hemos solicitado por años, la migración hacia un sistema integrado de transporte público, es decir permitirá la incorporación gradual de articulación física, operacional, informativa, de imagen y del medio de pago del servicio público de transporte de pasajeros, tanto concesionados como proporcionados por la administración pública si se da el caso.
Otro tema de atención que plantea esta nueva propuesta es la regulación de los estacionamientos, cuestión que ha causado en más de una vez problemas a los ayuntamientos por carecer de un marco regulatorio adecuado para el tema.
La seguridad al usuario debe ser acorde a la jerarquización planteada en este nuevo ordenamiento, por ello está propuesto que la administración pública pueda indemnizar a los usuarios que sufran daños y perjuicios a consecuencia directa de la falta y/o mantenimiento de señalización así como del mal estado y/o falta de mantenimiento de la vialidad hasta por 100,000 UMAS incluyendo a peatones y ciclistas. En el caso de los prestadores de transporte público de pasajeros deberán contar con un seguro de daños a terceros hasta por 400,000 UMAS y 50,000 UMAS en el caso de alquiler de vehículos. Para los usuarios de servicios a través de plataformas digitales se deberá resguardar a estos con una póliza de cobertura amplia.
La buena noticia para la industria de la construcción es la liberación del transporte de carga, pues anteriormente estaba limitada a 3 toneladas y al centro de población donde se encuentra el domicilio fiscal de la empresa constructora, con esta propuesta podrá tener libertad de operación siempre y cuando cumpla con los lineamientos establecidos dentro de la propuesta de Ley de Movilidad.
Para la aplicación de la presente propuesta de Ley de Movilidad se creará un Instituto de Movilidad en el cuál, por ordenamiento de ley, su titular y funcionarios deberán contar con los conocimientos en la materia y poseer un nivel académico mínimo de licenciatura, algo que debería incluirse también en la ley de obras públicas, reglamento de construcción, etc. Y se creará un Consejo Consultivo. Por supuesto todo es perfectible y esperamos se dé inclusión al Colegio de Ingenieros Civiles de Baja California Sur dentro del Consejo Consultivo del Instituto de Movilidad, pues las aportaciones en materia de Ingeniería de Tránsito que nuestro colegio puede sumar de seguro ayudarán a lograr los objetivos planteados en esta propuesta, así como incluir al Consejo Consultivo en las decisiones del artículo 65 que bajo la propuesta actual son decisiones exclusivas del Instituto, como por ejemplo las tarifas, que debería establecerse por ordenamiento de ley la tarifa de 50% para estudiantes, personas con discapacidad y adultos de la tercera edad.
Podríamos considerar que los lineamientos planteados en esta propuesta van acordes a la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de finales de 2016, incluso pudiéramos catalogarlos progresistas y hasta vanguardistas, la apuesta es ambiciosa, el reto es grande, la necesidad urgente.
- Fotografía de Jana Sabeth Schultz en Unsplash