Como cada inicio de año, el pasado 29 de enero, Transparencia Internacional publicó su reporte Índice de Percepción de la Corrupción (IPC),  reporte en el cuál este organismo otorga una puntuación y clasificación a los países según la percepción de expertos en este tema. En realidad el proceso de clasificación no es algo sencillo y se compone de una integración de 13 encuestas y evaluaciones sobre corrupción efectuadas por diversas instituciones de prestigio internacional reconocido. A la fecha este índice es el más reconocido en esta materia en el ámbito internacional, y no es para menos, el IPC es un índice con cobertura geográfica mundial, es más confiable que cualquier fuente individual pues al promediar las 13 fuentes compensa cualquier error que pudiera resultar de una sola, además estandariza las mediciones en una escala de 0 a 100, lo que da como resultado conciliar todos los datos en un solo indicador.

Como bien señala el Centro Global de Infraestructura Anticorrupción (GIACC) es sumamente difícil tener un monto objetivo del costo de la corrupción o porcentaje de incidencia absoluto en cada región, es por ello que siempre hablamos de percepción, a pesar de los avances que se han logrado tanto en instituciones de gobierno como en empresas privadas sigue siendo sumamente difícil tener valores objetivos y absolutos, pues en su definición básica, un acto de corrupción se realiza con mínimo o nulo registro que hagan posible su identificación y cuantificación. Por lo anterior Transparencia Internacional advierte, como cada año, que el resultado de este índice no constituye un dictamen definitivo sobre el nivel de corrupción de un país, pero sí una percepción de sus ciudadanos con respecto a este tema.

En el caso de México continúa su tendencia a la baja, no sólo porque en 2015 estuvimos ocupando el lugar 123 de 180, en 2017 llegamos al 135 con una calificación de 29, y ahora en esta nueva edición logramos el lugar 138 con una calificación de 28; sino que los índices de competitividad y estado de derecho del Foro Económico Mundial también descendieron.

Con una calificación de 64.6 el Foro Económico Mundial nos desciende dos lugares al número 46 de 140 en materia de competitividad, aunque siendo honesto en 2017 fueron 135 los países evaluados, sin embargo en el primer pilar, el de Instituciones en el rubro 1.14 de incidencia de la corrupción, bajó nuestra calificación a 29.0.

Y es que esa percepción sigue estando lejos de generar una buena impresión, como ejemplo tenemos la reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, o como se llamó a esta nueva iniciativa Ley de Contrataciones de Obras Públicas, que quedó en el cajón de los recuerdos de la anterior Cámara de Senadores pues en su tercera versión de proyecto no se logró conciliar el artículo 85, sobre las excepciones de licitación, específicamente el inciso IX que marca el monto de cinco millones de pesos como límite a no exceder para ejercer una adjudicación directa de contrato, siempre que la suma de estas excepciones no  exceda el 30% del presupuesto de la dependencia que ejecuta, y tal vez este monto no sea significativo para una obra federal, sin embargo en los programas donde se combinan recursos federales con estatales o municipales, por el solo hecho de contar con una fracción federal se ejecutarían las obras bajo esta ley, lo que seguramente traería como consecuencia la ejecución de obras municipales, sobre todo en aquellos ayuntamientos más pequeños, por un grupo de amigos del alcalde en turno.

Tampoco elimina la ejecución de la obra pública por administración, una modalidad poco transparente, donde suelen existir controles mínimos que, por ausencia de un marco normativo regulatorio, favorece la aparición de actos de corrupción. Una modalidad que en el sexenio anterior hasta los militares la adoptaron, convirtiéndose en una de las constructoras más fuertes del país, desplazando sobre todo a las pequeñas y medianas empresas de la industria de la construcción, dejando de lado uno de los objetivos secundarios de la obra pública, la derrama económica local.

Pero no todo fue malo con este proyecto de ley pues entre otras cosas incorpora el concepto de calidad y los responsables técnicos de cada obra, sin embargo al igual que la ley vigente no existe un candado de comprobación de la existencia real de estos responsables técnicos y en la mayoría de los estados se deja de lado adjuntando solo una copia simple de cédula profesional, sin verificar si realmente este responsable técnico existe en la ejecución de la obra, es correcto también existe la piratería profesional en nuestro país, y además, algo bastante importante, sin verificar que este responsable técnico sea preferentemente un profesionista certificado por la DGP. Además en este mismo proyecto de ley se incorpora por primera vez el Sistema Nacional Anticorrupción, aunque dicho sea de paso no de la manera en que se deseara, quedando un poco vago el tema. De hecho al momento, en lo que a ejecución de obras públicas se refiere, en los tres niveles de gobierno, no se ejecutan algún tipo de sistema gerencial anticorrupción que incorpore tanto a la dependencia como al contratista, los famosos PACS (Project Anti-Corruption System) o Proyecto de Sistema Anti Corrupción internacionalmente reconocido, pero sobre todo específicamente diseñado para la industria de la construcción.

Y lo anterior aún genera debate y discusión pues en realidad el Sistema Nacional Anticorrupción y sus homólogos estatales son de reciente creación, apenas estamos experimentando con estos organismos que, como lo señaló el Ing. Alfonso Alberto González Fernández, Pasado Presidente del WCCE, en la Cámara de Diputados en el 2017, esperamos sean ágiles, diligentes, no obesos, de reacción rápida, no burocráticos con procesos que duran años; dotados de una ley que les brinde autonomía financiera y ejecutiva, con periodos de trabajo que no coincida con los cambios sexenales del ejecutivo para que no esté dependiente de él; y que sea en esta misma ley donde se garanticen los derechos de quienes se atrevan a denunciar, pues en la mayoría de los casos resultan más afectados, sancionando tanto al corrupto como al corruptor, pero de igual forma a quien denuncie con falsedad. Esperamos estos organismos estén conformados por personas honorables de todos los estratos de la sociedad, porque si polarizamos, corremos el riesgo de solo crear una nueva clase política en lugar de crear un organismo ciudadanizado.

Fuentes:

Senado de la República http://www.senado.gob.mx

Global Infrastructure Anti-Corruption Centre http://www.giaccentre.org/index.php

Transparency International https://www.transparency.org/

The World Economic Forum http://reports.weforum.org/