Para todos los países y en especial los que se encuentran en vías de desarrollo, al cabo de los últimos treinta años, ha sido recurrente darnos cuenta de la importancia que la Infraestructura ha alcanzado para la vida de las personas y todas las instituciones tanto públicas como privadas. Precisamente por esta razón, el debate sobre cómo lograrlo se ha convertido en interés político y por ello debe transparentarse sin dubitaciones, pues atiende el incremento de los niveles de bienestar para todos los ciudadanos, con los consecuentes riesgos que un negocio de esta magnitud ofrece a no pocos interesados.
Lo primero que surge, es tener claras las definiciones acerca del plan de crecimiento al que debemos estarnos ciñendo, es decir, necesitamos contar una planeación estratégica perfectamente definida y orientada a la consecución de ciertas metas en sus correspondientes plazos (corto, mediano y largo) con una estrategia general bien definida, que permita los ajustes necesarios para mantener el objetivo.
Importancia político-estratégica.
Resulta imperativo pensar y actuar a fin de resolver no solo el déficit en infraestructura que arrastramos a nivel local, sino qué tipo de ella debemos crear y habilitar, para insertarnos eficientemente en niveles de primer mundo para responder adecuadamente a los objetivos del Desarrollo Sostenible como país.
Hoy en día podemos considerar que el asunto de la Infraestructura se ha ido delineando de manera más precisa, ya que ahora no solo se limita a los conceptos de crecimiento económico y productividad, sino también al de desarrollo social de las localidades y su interacción asertiva.
Resulta imposible luchar contra los rezagos acumulados que ofrezcan y garanticen, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con dotación de servicios de calidad, sin un plan integral de desarrollo que articule e incluya a todos los participantes.
Otro concepto clave es el correspondiente al desarrollo social de cada población, ya que las inversiones de este tipo, mayoritariamente están siendo captadas por las ciudades más grandes, dejando una brecha cada vez mayor entre localidades, además de propiciar concentraciones de habitantes con mayores demandas de servicios y suelo urbano, haciendo aún más complejo este asunto al propiciar especulación y asentamientos irregulares.
La mayoría de nuestras ciudades son una dispersión de viviendas y comercios que no responden a la idea de que los habitantes accedan a los servicios básicos con igualdad, y he aquí la razón de un análisis prolijo para determinar qué parte de las inversiones deben destinarse a las principales ciudades y cuánto tiene que compensarse para las otras, a fin de no dejar a nadie detrás y evitar mayores desequilibrios.
Por lo anterior, entendemos la magnitud e importancia que reviste este tipo de inversiones, ya que no solo se trata de aumentar su monto, sino en definir qué tipo de ella se requiere para las próximas décadas y cual será la hoja de ruta para acercarse a mejores escenarios de bienestar para todos.
Piedra angular.
Como podemos ver, la participación de los ciudadanos es la piedra angular en este asunto y no la cuantía de los recursos, pues inclusive, resultaría aparente e imposible lograr un desarrollo de infraestructura serio y sostenible, si no se les consulta, y no solo a los que usan la infraestructura, sino también a los que viven alrededor de la que se construye. Por lo general, se presta poca o nula atención a este punto y muchas veces el efecto de la infraestructura sobre los sectores que se encuentran en su área de impacto circundante, en lugar de ser positivo, es visto como algo negativo pues interfiere con usos y costumbres que son vulnerados sin consentimiento de ellos.
Por lo tanto, el diseño de nuevas formas de interacción con la ciudadanía y hacer real su participación en el análisis de los efectos de su entorno, es un aspecto que debemos considerar para generar más apoyo, dando un verdadero avance hacia el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible con un impulso real al futuro.
Si pudiéramos establecer una ecuación de esta situación, estará integrada por un órgano administrativo eficiente, plural e incluyente, con capacidad ejecutiva y resolutoria, con normas actualizadas, con una división y separación clara de las funciones relacionadas y planeamiento estratégico, por una parte, y aquellas vinculadas a su implementación y, sobre todo, fiscalización y transparencia por la otra, complementando excelencia profesional, técnica y ética en el desempeño de cada actividad.
Endeudamiento.
Cuando las administraciones emprenden obras con esquemas de inversión ya sea concesionadas o con una mezcla de ello, se corre un gran riesgo de que se presenten problemas sino son bien articuladas, así que lo primero será la planificación de lo que se quiere para mejorar las capacidades de las localidades.
En ese sentido y ante lo atractivo que resultan las inversiones de este tipo, es menester hacer las evaluaciones detallalladamente, a fin de garantizar que lo que se propone, en realidad abone resolviendo a futuro y no solo resulte ser un negocio para unos pocos cuantos, que utilizan la oportunidad para ocultar otro tipo de negocio “sacrificándose” por la mayoría.
Debido a la cuantía de los montos del negocio en Infraestructura, se requieren plazos de recuperación extensos para obtener un justo retorno de la inversión, obligando la participación del Estado, por ello, a quienes tienen la responsabilidad de autorizar tanto recurso cómo las formas de hacerlo, tienen que garantizar no solo con la confianza conferida a ellos, ni con el recurrente discurso de que “es por el bien de todos” porque eso, todos sabemos que no es así.
Por ello, las formas de financiar y lograr obras de calidad sustentable, deben ser autorizadas con análisis juiciosos, a fin de resolver asuntos no de manera momentánea, sino que sean verdaderas soluciones para un mejor futuro.
La capacidad de endeudamiento es determinada por estudios específicos y normas aplicables que existen, debiendo garantizarse la solvencia de cada proyecto, de lo contrario, se comprometen a futuro tanto el flujo de recursos, como la limitación de gestión a futuras autoridades, todo ello ante la disminución o falta de capacidad para cumplir compromisos al haberse endeudado, sin haber corroborado aumentar sus capacidades de recursos y productividad futuros, dejando atado a posteriores administraciones y a los ciudadanos que podrían verse afectados con los cobros de servicios.
Corolario.
“Invertir y endeudarse sin comprometer el futuro, es un compromiso ético”
- Fotografía en portada por Troy Mortier a través de Unsplash.