¿Contribuir sin preguntar?
“Se dice que la luz del sol,
es el mejor de los desinfectantes”.
— Louis D. Brandeis
Pagar impuestos debería ser el gesto más democrático de una sociedad: cada ciudadano entrega una parte de lo que gana para que el Estado le devuelva caminos, seguridad, salud y escuelas.
Es —en teoría— “el pacto social” en su forma más pura, aunque en la práctica, este contrato lleva años fracturado, y la resquebrajadura tiene tres nombres: 1) una carga tributaria mal repartida, 2) un gasto público mal ejercido, y 3) una opacidad que se ha vuelto costumbre.
El resultado es un contribuyente que ya no siente que aporta, sino que lo despojan.
ANATOMÍA DEL DESENCANTO
El malestar no nace del monto que se paga, sino de la distancia entre lo que se entrega y lo que se recibe, por eso quien ve su recibo de nómina recortado cada quincena y, al mismo tiempo, encuentra hospitales sin medicamentos, escuelas deterioradas y calles llenas de baches, deja de ver el impuesto como inversión y empieza a verlo como castigo.
La injusticia se agrava por la asimetría. El asalariado formal y la clase media cargan con la recaudación por la vía de la retención directa, mientras la informalidad y ciertos grandes contribuyentes con estrategias fiscales agresivas encuentran la manera de aportar poco o nada.
A mayor percepción de injusticia, mayor resistencia; a mayor resistencia, más presión sobre los mismos de siempre, como vemos: el círculo se cierra solo.
Aunque el problema de fondo no es cuánto se recauda, sino cómo se gasta, así es como encontramos presupuestos subejercidos en áreas críticas que conviven con un gasto corriente inflado, que en paralelo privilegia la nómina burocrática y la rentabilidad política sobre la inversión de alto impacto.
De ahí las obras inconclusas, los sobrecostos sin explicación y los programas sociales diseñados más para cosechar lealtades que para resolver la pobreza o el rezago educativo y en este asunto cabe una analogía que todo ingeniero sabe: una estructura mal calculada no falla el primer día; falla cuando más se le necesita.
Y sobre todo este galimatías, nos encontramos con la opacidad, caracterizada por la nula o poco clara información, oportuna y detallada, sobre el destino del dinero público, dónde la discrecionalidad tiene campo libre: contratos asignados a modo, desvíos que nadie rastrea, fortunas que nadie explica.
La opacidad destruye el único activo que ninguna administración puede comprar: la legitimidad.
Sin transparencia no hay rendición de cuentas, y sin rendición de cuentas la corrupción deja de ser escándalo para convertirse en paisaje, el ciudadano no se resiste a pagar; se resiste a pagar a ciegas.
DEL RECLAMO A LA EXIGENCIA
Existen otros modelos. En los países nórdicos y Nueva Zelanda, a pesar de tener una carga tributaria alta, la resistencia social es baja, permitiéndoles encabezar el Índice de Percepción de la Corrupción año tras año.
Suecia, por ejemplo, garantiza el acceso público a documentos oficiales desde 1766, lo que aprueba que los ciudadanos escudriñen el uso de su dinero. Los presupuestos se justifican por resultados, no por inercia, y las auditorías autónomas: son efectivas.
Allí el desvío de recursos resulta en sanciones, no solo titulares mediáticos o verborrea, por eso los impuestos se pagan sin rencor, ya que garantizan la inversión en salud universal, educación de calidad e infraestructura funcional.
México tiene una oportunidad concreta. La Constitución establece el 15 de noviembre como fecha límite para que la Cámara de Diputados apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación, y los Congresos locales tienen sus propios plazos.
Históricamente, este proceso ha sido un trámite exprés, resuelto en acuerdos cupulares con poca discusión técnica. Para avanzar debemos romper esa inercia, pasando de la queja pasiva a la exigencia informada.
La propuesta debe basarse al menos en estos considerandos:
▪ Parlamento abierto con voz efectiva. Que académicos, ingenieros, economistas y auditores revisen las partidas antes de la votación, no después.
▪ Presupuesto basado en resultados. Ningún incremento vegetativo: cada peso, condicionado a indicadores de desempeño, viabilidad técnica y retorno social comprobable.
▪ Fiscalización preventiva. Revisar el gasto “a toro pasado” es hacer la autopsia para obtener el motivo del deceso; se necesita vigilancia en tiempo real y órganos de fiscalización con autonomía verdadera.
▪ Cero tolerancias a la opacidad. Recortes al gasto superfluo, a la burocracia dorada y a la propaganda, para redirigirlos a infraestructura estratégica, salud y educación.
El análisis del gasto post mortem no es una auditoría: es una coartada. Se presenta como un ejercicio para “comprender los factores” que llevaron al fracaso, pero en los hechos sirve para armar una justificación a la medida, envuelta en lenguaje técnico y aparente objetividad, que diluye la responsabilidad hasta hacerla desaparecer.
Al final nadie responde, nadie paga y nadie es sancionado, el fracaso se archiva como “lección aprendida” y los mismos funcionarios transitan, con las manos lavadas, hacia el siguiente presupuesto.
El 15 de noviembre es la prueba de fuego para saber si el Estado prioriza a la clientela o a la ciudadanía.
El malestar fiscal se cura cuando el gobierno rinde cuentas con el mismo rigor que exige, y cada ciudadano ve que su impuesto se convierte en desarrollo, hasta entonces y solo entonces la obligación de pagar impuestos se vivirá como despojo.
Corolario:
“Sin cuentas claras, el impuesto es tributo.”
- Fotografía en portada por JP Valery a través de Unsplash.