El arte de negociar

“El poder no concede nada sin que se le exija.

Nunca lo hizo ni lo hará.”

— Frederick Douglass.

Discurso de la emancipación en las Antillas, 1857

Estamos prácticamente en modo electoral, a pesar de los eufemismos que usan los diferentes actores políticos para seguir con las falacias que el árbitro encargado de evitarlo finge no distinguir.

Aunque hacer comparaciones nunca es fácil ni mucho menos agradable, es crucial establecer las relaciones de valor adecuadas para avanzar, desde una base verdaderamente democrática lo cual nos ayudará a lograr lo que todos merecemos y aspiramos: bienestar socioeconómico y crecimiento genuino.

Con esto en mente, usaremos ciertas referencias para explicar estos argumentos de manera más sencilla, así que, avancemos.

En los países nórdicos, ningún partido pretende gobernar solo, ya que el sistema electoral de representación proporcional fragmenta el Parlamento, obligando a la negociación antes de legislar. Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia normalizaron los gobiernos de coalición o minoría, sostenidos por acuerdos explícitos con otras bancadas, donde la negociación es parte del procedimiento. 

A esto se le conoce como Corporativismo Negociado”, donde el Gobierno, sindicatos, empresarios y organizaciones patronales, pactan salarios, condiciones laborales y reformas en mesas permanentes, antes de cualquier votación. 

Así, las leyes llegan al Parlamento ya consensuadas.  Este sistema, con muchos partidos y pocas rupturas, fomenta el diálogo continuo y reformas que perduran al cambiar el gobierno.

PASO DE CANGREJO.

México construyó un sistema mixto con 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, que amplifica en vez de matizar. 

Una coalición que gana la presidencia obtiene una mayoría legislativa para gobernar y reformar la Constitución sin negociar.

Las coaliciones políticas mexicanas se constituyen con el objetivo primordial de obtener victorias electorales, más que de distribuir el poder ejecutivo o entablar negociaciones constantes. 

Esta característica distintiva del sistema político mexicano explica por qué el presidencialismo mexicano no se fundamenta en la confianza del Congreso, en consecuencia, el presidente mexicano posee la facultad de gobernar con amplios márgenes de maniobra y una mínima necesidad de consenso. 

La blandura de los árbitros institucionales, como el INE y el Poder Judicial, los convierte en campos de batalla política en lugar de referencias comunes, como inferimos, la diferencia no es cultural, sino de diseño, ya que mientras el sistema nórdico institucionaliza la negociación, el mexicano abusa de la concentración, olvidando cómo negociar cuando lo necesita.

CIMIENTOS PARA UN PACTO MEXICANO

Copiar el modelo nórdico sería ingenuo —su historia, su tamaño y su cultura política no son trasplantables—, pero sí es posible tomar prestados sus mecanismos, no su fachada. Cinco líneas de acción parecen, ahora mismo, más urgentes que otras:

I. Blindar a los árbitros. Para que un acuerdo sobreviva, las instituciones que certifican los resultados, como el árbitro electoral, la Corte y los organismos autónomos de transparencia, deben ser independientes del partido en el poder. La confianza en quien cuenta los votos es esencial para cualquier negociación.

II. Institucionalizar mesas de diálogo permanentes, al estilo del corporativismo nórdico, entre gobierno, sector empresarial, academia y sociedad civil organizada, para temas técnicos —energía, agua, transporte, infraestructura— que hoy se resuelven por decreto y deberían resolverse por consenso técnico antes de llegar al Congreso. Organizaciones como SINERGIA en Acción ya ensayan ese formato a escala local, el reto es escalarlo.

III. Premiar los pactos transexenales. Una reforma que solo sobrevive mientras gobierne quien la aprobó no es una reforma, es una tregua. Se necesitan mecanismos —comisiones bicamerales permanentes, cláusulas de revisión obligatoria con participación multipartidista— que obliguen a revisar políticas de Estado más allá del calendario electoral de seis años.

IV. Recuperar el valor de la oposición como insumo, no como obstáculo. Un Congreso con mayoría calificada produce leyes más rápidas, pero más frágiles, al omitir el filtro de otras visiones. Los errores técnicos y los excesos regulatorios se corrigen después de la promulgación, a costa del ciudadano.

V. Cultivar una cultura cívica que exija el acuerdo como estándar, no como concesión. Mientras el electorado mexicano premie el triunfo aplastante sobre la construcción de mayorías amplias, ningún partido tendrá incentivo para negociar.

Los países nórdicos no negocian por ser más virtuosos; lo hacen porque sus electores castigan a quienes no saben negociar.

Ninguna de estas líneas sugiere refundar el país. Sin embargo, sí plantean una premisa incómoda: una mayoría calificada no equivale a un acuerdo sustantivo, y gobernar sin necesidad de nadie no es fortaleza institucional, sino simplemente la ausencia de un freno.

Escandinavia, aunque idealizada a veces como un paraíso democrático, tiene sus propias tensiones y fatigas de coalición.  Aun así, ofrece una lección que México no puede seguir posponiendo: el consenso no debilita el poder, lo fortalece y lo hace más duradero.

La pregunta ya no es si México puede permitirse negociar más; es cuánto tiempo puede seguir permitiéndose no hacerlo.

COROLARIO:

“Gobernar es negociar, no imponer.”

  • Fotografía en portada de Kelly Sikkema a través de Unsplash.