“Aquí termina el peloteo de responsabilidades”
(“The buck stops here“)
— Harry S. Truman, letrero sobre su escritorio en la Oficina Oval.
Cada semana que el sistema de transporte denominado “Va y ven” amenaza con detenerse, Mérida repite el mismo libreto: los concesionarios advierten, la Agencia de Transporte de Yucatán promete un abono, la ciudadanía contiene el aliento y nadie asume, en los hechos, que la crisis es de diseño y no de voluntad individual.
El episodio más reciente —una deuda de cuarenta y cinco días de trabajo consumado que la propia ATY reconoce y no cubre— no es un accidente de caja; es la consecuencia previsible de un modelo que nació sin sustento técnico ni financiero y que hoy, a falta de responsables visibles, encuentra en el concesionario un chivo expiatorio cómodo.
Ni excusas ni culpables: lo que exige el transporte metropolitano son soluciones, y estas le corresponden a quien administra el sistema, no a quien lo opera bajo condiciones que jamás diseñó.
Culpar al concesionario por un paro, es como culpar al termómetro por la fiebre: cómodo, pero inútil para curar al paciente, porque aquí lo que necesitamos no son excusas ni culpables: lo que se exige son soluciones.
CAUSAS
El Va y Ven nació en 2021 con veinte unidades y el propósito legítimo de ordenar un transporte disperso y obsoleto. Cinco años después administra 835 camiones y 105 rutas, pero también una deuda de infraestructura de 1,700 millones de pesos y un déficit acumulado que rebasa los 800 millones.
La causa raíz no es misteriosa: el esquema de pago por “kilómetro garantizado” retribuyó durante años el recorrido, no al pasajero transportado, premiando la sobreoferta en unas rutas y el abandono en otras.
A ese error de diseño se sumó uno fiscal: el gobierno estatal elevó el impuesto sobre nómina de 3% a 3.75% para subsidiar el sistema, con la promesa de recaudar 700 millones de pesos; pero apenas obtuvo 75 millones, y ese remanente se destinó a sostener la operación de la propia ATY, no el transporte que debía rescatar.
El resultado es una agencia que cobra para sostenerse a sí misma, mientras el servicio que administra se descapitaliza mes con mes, unidad por unidad, ruta por ruta.
OBSERVACIÓN
Conviene distinguir con precisión quién debe qué a quién, por una parte los concesionarios prestan un servicio bajo reglas fijadas por la autoridad; cuando la ATY no paga a tiempo, no hay unidad que se mantenga, ni operador que reciba salario completo, ni mantenimiento que se posponga sin consecuencia visible en la calle.
Sin embargo, el discurso público tiende a invertir la responsabilidad: se habla de “empresarios que amenazan con parar” como si el paro fuera una extorsión y no la consecuencia lógico-mecánica de no pagar lo trabajado.
El diagnóstico técnico —FODA incluido— está hecho desde hace meses: sobreoferta en unas rutas, desatención en otras, una reforma legislativa que migra el pago de kilómetro garantizado a kilómetro comprobado, y una Junta Directiva anunciada para definir la estrategia financiera del sistema.
Lo que falta no es diagnóstico: es la voluntad de ejecutarlo sin que cada cambio de administración reinicie el reloj y borre lo avanzado.
Mientras tanto, son los usuarios —no los balances de la ATY— quienes pagan el precio inmediato: zonas enteras de Mérida sin servicio, familias que recurren a mototaxis, plataformas y taxis más caros para llegar a trabajar o estudiar cada mañana.
Cada paro erosiona la confianza social en el transporte público como servicio público, no como negocio privado improvisado, por lo tanto, la Agencia de Transporte de Yucatán y otras similares, no pueden sobrevivir a costa del sistema que deben sostener.
RECURSOS
Resolver sin cortapisas exige:
I. Transparentar el destino de cada peso recaudado por el impuesto sobre nómina, para que el subsidio llegue a las unidades y no a la nómina de la propia agencia.
II. Completar sin dilación la transición al pago por kilómetro comprobado, con auditorías públicas periódicas que impidan el regreso a esquemas que premien el papel sobre el servicio realmente prestado.
III. Instalar la Junta Directiva como fue creada por decreto, con calendario y metas verificables, no como órgano decorativo o político sino como instancia que responda públicamente por cada incumplimiento de pago.
IV. Separar contablemente la operación administrativa de la ATY de los recursos destinados a los concesionarios, de modo que una agencia nunca vuelva a sobrevivir a costa del sistema que debe sostener.
V. Establecer penalizaciones económicas automáticas —no discrecionales— cuando el atraso en los pagos supere los quince días, de manera que el costo de la mora recaiga en quien la genera y no en quien la padece.
El transporte de una ciudad no se mide por los comunicados que emite la autoridad, sino por si el camión pasa cuando debe pasar y si el operador cobra cuando debe cobrar.
Yucatán no necesita otra ronda de promesas ni otro señalamiento hacia los concesionarios: necesita que la ATY administre con la misma exigencia con la que reclama cumplimiento a los demás.
La ciudadanía ya pagó con el impuesto sobre nómina y con la incomodidad diaria del sistema, el costo de un modelo mal diseñado desde su origen.
Lo mínimo que puede esperar, es que quien lo administra, deje de repartir culpas hacia abajo y empiece, de una vez, a repartir soluciones.
Corolario:
“Administrar es resolver, no señalar.”
- Fotografía en pantalla de Praswin Prakashan a través de Unsplash.