Hace dos semanas discutíamos en el Canal de YouTube de Contrafuerte acerca de las situaciones que se dan en la administración pública en torno a las autorizaciones de usos de suelo, ahí pudimos concluir algunos aspectos relevantes que deberemos tomar en cuenta, sobre todo estas próximas semanas que estaremos escuchando las propuestas de los candidatos a alcaldes, regidores, diputados y gobernadores, ya que no es nada fácil lograr que las políticas en materia de ordenamiento territorial sean cumplidas y que además sean acorde a los intereses de una comunidad en su totalidad.
En el caso específico de Baja California Sur podemos proponer algunas tareas específicas a llevar a cabo para trabajar en ese deseado ordenamiento territorial:
- El marco jurídico en materia se encuentra obsoleto, desarticulado y no alineado en los tres niveles de gobierno, por ello, con el propósito de buscar armonizar los distintos instrumentos, requerimos actualizar y alinear con las políticas nacionales, estatales y municipales los siguientes instrumentos: Ley de Desarrollo Urbano, Ley de Régimen de Condominios, Ley Estatal de Catastro, Reglamento de Fraccionamientos, Reglamento de Construcciones, Reglamento de Imagen Urbana, Reglamento de IMPLAN y Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de La Paz o PDU como se le conoce coloquialmente. Además crear un Código Urbano, Ley de Movilidad, Reglamento de Usos de Suelo, y el Reglamento de la Ley de Régimen de Condominios, entre otros instrumentos. Todos estos armonizados y congruentes entre sí, de tal forma que no generen una sobre regulación en la materia y lejos de ello, cubran las lagunas jurídicas actuales y agilicen las autorizaciones en materia, fomentando la inversión e incluso promoviendo una inversión respaldada en un marco jurídico sólido.
- La creación de una Procuraduría de Desarrollo Urbano basado en un Código Urbano, con un Procurador Urbano encargado de la aplicación de la legislación urbanística y de vigilar la correcta ejecución de la misma, así como promover la solución de todos los asuntos relacionados con el proceso de urbanización, conforme las disposiciones de dicho ordenamiento, observando los procedimientos administrativos o jurisdiccionales en los casos que establezcan las leyes.
- El fortalecimiento de los Institutos Municipales de Planeación con verdadero peso específico al interior de la administración municipal y que logre ser ese Consejo Consultivo multidisciplinario que deseamos se convierta para amalgamar a las distintas dependencias federales, estatales y municipales actuantes en el ordenamiento territorial y logren cumplir con los objetivos para los que fueron creados.
- Para lo anterior se requiere se instale el Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial como lo indica la actual Ley de Desarrollo Urbano y en los municipios que carezcan de IMPLAN se instale la Comisión Consultiva de Desarrollo Urbano, esto para vigilancia de los distintos ordenamientos pero sobre todo para su congruencia y armonización, desde el Acuerdo de Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial 2020-2040 hasta el más mínimo acuerdo de cabildo.
Como vemos actualizar y armonizar los distintos instrumentos en materia de ordenamiento territorial es una tarea complicada, costosa y que demandará tiempo para poder llevarla cabo, y debemos admitir, poco atractiva para los encargados de la administración estatal y municipal, por tanto debemos ser cuidadosos en la elección, no solo de los candidatos a gobernador y alcaldes, sino también a diputados y regidores, quienes por lo general este último par, ha carecido de la preparación idónea para hacer frente a este reto.
- Fotografía en portada por Constanza S. Mora en Unsplash.