“Hay deudas que se pagan en pesos,
y deudas que se pagan en instituciones.”
Alfonso A. González F.
Hay una decisión silenciosa que separa a quien administra de quien simplemente gobierna: cómo consigue el dinero para las obras que promete.
Algunos buscan una recaudación eficiente, recortan gastos, reordenan el gasto corriente y construyen reservas con paciencia, otros, más apresurados, piden prestado, al descubrir que la deuda resuelve el problema de gobernar sin mayoría.
El método es sencillo: cualquier préstamo de cierta importancia necesita la aprobación del Congreso y es ahí es donde el ejecutivo y la oposición encuentran la oportunidad de reunirse en un lugar más discreto, lejos del edificio y de lo que los pudiera separar.
No hace falta llamarlo negociación; basta llamarlo “acompañamiento responsable” o “visión de Estado” y en esta práctica, el voto a favor de la deuda, rara vez se compra con billetes —eso sería vulgar—; se paga, con mucho más estilo: en posiciones dentro del gobierno, incluso en una “contraloría bufa”, o en partidas etiquetadas para el distrito del legislador flexible, o en la promesa tácita de que su gestión pasada, tampoco será revisada con demasiado celo.
Lo elegante del mecanismo es que el costo financiero —el que de verdad importa— queda en segundo plano, ya que nadie pregunta en la sesión, si existía una alternativa sin deuda; se pregunta, cuando mucho, si los votos alcanzan, y como los votos siempre terminan alcanzando, la pregunta correcta que nunca llega a formularse sería: ¿era necesario endeudar al estado, o bastaba con administrarlo mejor?
Convendría recordar, sin nostalgia excesiva, que hubo administraciones que resolvieron obra pública de envergadura sin tocar la puerta de la banca ni la del cabildeo: lo lograron vía aportaciones federales bien gestionadas, ahorro programado, obra por etapas pagada con ingresos propios y una disciplina de gasto que hoy suena casi excéntrica.
No lo hicieron por virtud superior, sino porque entonces pedir prestado era más difícil que administrar bien. Cuando pedir prestado se volvió fácil, administrar bien, se volvió sencillamente opcional.
Ese camino largo tenía, además, un efecto colateral incomodísimo: obligaba a explicar por qué la obra tardaba varias administraciones en completarse, la deuda, en cambio, permite cortar el listón con una velocidad envidiable, dejando el detalle de quién paga la cuenta para un momento tan lejano que, con suerte, coincidirá con el mandato de alguien más.
CATÁLOGO DE TÉRMINOS.
El repertorio, con el tiempo, ha adquirido variantes casi académicas, entre ellos:
- El “refinanciamiento” que en la letra chica resulta ser deuda nueva con otro nombre, aprobado en sesiones exprés donde el dictamen circula la misma tarde en que se vota.
- Las líneas de crédito con la banca de desarrollo, autorizadas a cambio de dirigencias en comisiones clave o de la renovación discreta de un cargo que a nadie conviene poner en riesgo.
- Los fideicomisos que administran el producto del empréstito con reglas de operación tan flexibles que la trazabilidad del gasto se vuelve, con el tiempo, un ejercicio de fe, y la joya de la corona;
- La urgencia técnica —“no hay de otra”, se dice, con el rostro compungido de quien lamenta lo que está a punto de firmar—, cuando la urgencia real es política: cerrar el acuerdo antes de que alguien pregunte por qué no se exploró primero la recaudación fiscal rezagada, el cobro de adeudos de organismos públicos, o la reasignación de un gasto corriente que crece cada año sin que nadie lo cuestione.
Lo más fino del mecanismo —y aquí reside su verdadera elegancia— es que nadie miente explícitamente, simplemente se omite comparar ya que no se dice que la deuda es innecesaria; se dice que es “responsable”, no se dice que la oposición vendió su voto; se dice que “construyó consensos”.
Y así, entre eufemismos cuidadosamente elegidos, el Estado adquiere un pasivo a treinta años para resolver una urgencia de treinta días, mientras quienes lo autorizaron reciben, con puntualidad admirable, su parte del reparto en el corto plazo que a ellos sí les alcanza a disfrutar.
Conviene señalar, para que el catálogo quede completo, el detalle más discreto de todos: rara vez se compara el costo financiero del crédito —intereses, comisiones, coberturas— contra el costo de haber esperado un año más a que la recaudación propia alcanzara para lo mismo, ya que esa comparación, tan sencilla en una hoja de cálculo, resulta políticamente indigerible: obligaría a admitir que la prisa tuvo dueño, y que el dueño no era el interés público.
VÍA INELEGIBLE
La alternativa no requiere inventar nada: exige, cuando mucho, comparar por escrito el costo de endeudarse contra el costo de administrar mejor, antes —no después— de someter un empréstito a votación.
Un cabildeo público transmitido por los medios, un dictamen con al menos las alternativas de financiamiento propio evaluadas y descartadas por escrito, y un consejo fiscal técnico autónomo —verdaderamente independiente— que opine sin depender del calendario político, bastarían para encarecer sensiblemente el atajo.
No lo volverían imposible; solamente lo volverían visible, y como se sabe, la opacidad es el verdadero combustible de estos acuerdos: basta con encender la luz para que buena parte de ellos pierda todo su atractivo y salte a la realidad.
Corolario:
“Deuda fácil, futuro hipotecado”
- Fotografía en portada de John Mcarthur a través de Unsplash.