La ejecución de los recursos presupuestales correspondientes a los diferentes órdenes de gobierno, siempre se han caracterizado por representar el inicio de la dispersión de los dineros públicos en el año calendario fiscal, lo que alienta a muchos constructores, consultores y profesionistas pues significa la puesta en marcha de actividades que ayudarán a mover la economía nacional con la expectativa de cerrar el círculo virtuoso de inversión-dispersión-captación de impuestos, para nuevamente cerrar el círculo generando los nuevos recursos de inversión.
Una característica que define esta etapa, son las esperadas convocatorias establecidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) las cuales se encuentran sujetas a los presupuestos autorizados para cada dependencia a fin de ajustarse a los modelos según su cuantía lo que determinará el modelo a seguir: invitación restringida, convocatoria pública o asiganación directa.
Considerando que las circunstancias y protocolos derivados de la pandemia que nos afecta, podríamos atrevernos a considerar que los plazos previamente establecidos por la propia Dependencia de acuerdo a la Ley que las rige, han debido ajustarse y que ello ha obligado a retrasar el inicio normalmente acostumbrado sin olvidar que igualmente, ha ocurrido un sub ejercicio presupuestal el año pasado y eso, de acuerdo a la normativa existente, implica una disminución presupuestal, sin embargo, consideremos la oportunidad de iniciar en este séptimo mes del año, es decir estamos en el umbral del 60% del año y nos resta un 40% del año para ejercer el recurso presupuestal.
Aunado al considernado anterior, existen inceridumbres que deben atenderse a satisfacción, tanto para los licitantes y a mayor detalle, para quienes son los beneficiarios directos del sitio en donde se llevarán a cabo estas inversiones, visibilizando y dando transparencia a todo el proceso.
El hecho de que se destinen recursos para llevar a cabo cualquier obra, es de sí benéfico para las localidades en casi todos los sentidos, es decir, no solo debe entenderse y justificarse la inversión económica y los empleos que genere, sino que deben alinearse a los impactos que traería la misma una vez concluidos.
Así las cosas, toda obra debe justificar su sustentabilidad social, pues quedará establecida y su funcionamiento impactará la vida misma del sitio. Para dar una idea de lo anterior, debe conocerse por los pobladores el sitio de la obra si su realización conlleva sustituir una obra existente en el sitio, por lo que deberá probar su valor para esa ubicación, a fin de garantizar que su operación, no causará problemas ulteriores.
En caso de no contar con esta aprobación social, deberán encontrarse los probables sitios alternativos para llevarla a cabo. Hipotéticamente sería como demoler y cancelar un parque existente, para insertar otra obra que no cuenta con la aprobación de la sociedad, en vez de construirla en otro sitio y desarrollar integral y sustentablemente los alrededores del nuevo sitio.
La falta de trabajo ha contribuido a que a las convocatorias se inscriban muchas empresas, lo que hace más tardado el proceso de apertura y calificación de las mismas, sin embargo, todas las evaluaciones de cada propuesta realizada, tienen que ser invariablemente evaluadas y calificadas de acuerdo lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados a las Mismas (LOPSRM) y su Reglamento.
Lo anterior, sin duda está establecido en la convocatoria y el retraso de plazos de los fallos, seguramente corresponden al tiempo requerido para el análisis técnico y económico que se debe estar realizando, lo que provoca tensión entre los licitantes.
Toda adjudicación tiene que estar basada en el cumplimiento irrestricto de lo que marca la LOPSRM y su Reglamento, es decir, corresponderá a una evaluación técnica y económica debidamente valuada analíticamente, a fin de seleccionar la propuesta más conveniente para el Estado.
Hoy más que nunca, no es aceptable, dentro de la nueva realidad y exigencia que todos los mexicanos estamos reclamando, que las adjudicaciones se encuentren envueltas en influencias, compadrazgos o pago de favores.
Bienvenidas todas las inversiones al Estado que cumplan con lo arriba citado, estoy seguro que los pobladores de las localidades estarán igualmente satisfechos.