Endeudarse y malgastar, ¿quién controla el dinero?
“Un gobierno que roba a Pedro para pagarle a Pablo,
puede siempre contar con el apoyo de Pablo.”
— George Bernard Shaw
La práctica gubernamental de “pedir prestado sin arruinarse en el intento” constituye un vicio ancestral con una denominación respetable, su origen se remonta a los primeros soberanos, quienes descubrieron que financiar guerras, pirámides y banquetes con recursos propios resultaba inconvenientemente limitante.
Con el tiempo, el endeudamiento público se volvió una herramienta común de la política fiscal, como quien se acomoda en una silla nueva y la hace suya.
La historia registra con imparcialidad admirable que los gobiernos han recurrido al apalancamiento —término elegante para “deber dinero con cierta sofisticación”— tanto para construir civilizaciones como para destruirlas.
El concepto en sí no es perverso, ya que si un Estado se endeuda para financiar infraestructura productiva, educación de calidad o sistemas de salud eficientes está, en términos técnicos, invirtiendo en su capacidad futura de repago.
Es la lógica del buen empresario que toma crédito para expandir su planta: el rendimiento del activo financiado debe superar el costo del pasivo contraído. Nada más, nada menos, aunque el problema, claro está, comienza cuando el Estado confunde la planta industrial con el jardín ornamental del palacio de gobierno.
Los economistas clásicos como Keynes ya advertían sobre esta propensión, llegando a justificar el gasto deficitario como herramienta contracíclica, con la implícita —y frecuentemente ignorada— condición de que los excedentes de los años buenos saldaran las deudas de los años malos.
Sus herederos políticos, con la selectividad que caracteriza a quienes leen solo la mitad de los libros, adoptaron el gasto sin el ahorro, la expansión sin la contracción, y la fiesta sin el día siguiente.
El apalancamiento estatal eficiente requiere, en teoría, tres condiciones: 1) propósito claro y medible, 2) estructura financiera sostenible, y 3) mecanismos de control que no sean meras formalidades decorativas. En la práctica, estas tres condiciones coexisten con la misma frecuencia que los rinocerontes silvestres en los pasillos del Congreso.
RUTA AL DECLIVE.
El catálogo contemporáneo de despropósitos financieros gubernamentales es tan extenso que podría constituir, por sí solo, un género literario menor; veamos:
- Argentina lleva décadas perfeccionando el arte de endeudarse en dólares para financiar déficits en pesos, con resultados que los economistas describen como “ciclos de crisis recurrentes” y que los ciudadanos describen con vocabulario más colorido.
- Sri Lanka, en 2022, demostró cómo financiar con deuda externa proyectos de infraestructura que no generan divisas, puede derivar en la imposibilidad de importar combustible —incluido, con perturbadora ironía, el necesario para las plantas eléctricas que esos proyectos prometían alimentar.
- Venezuela, por su parte, representa la versión de lujo del error: tomar deuda durante el boom petrolero para sostener subsidios generalizados, sin diversificar la economía ni constituir fondos de estabilización. El resultado fue un colapso económico de proporciones históricas que convirtió a uno de los países más ricos de América Latina en exportador neto de ciudadanos.
Los gobiernos toman deuda sin proyectos de retorno medible, crean sistemas de ejecución presupuestal con controles laxos y establecen instancias de evaluación que auditan el pasado sin incidir en el futuro.
En tanto, los fondos se dispersan, se diluyen y se materializan en obras inconclusas, con contratistas bien remunerados y reportes de gestión optimistas, mientras la deuda crece y permanece con intereses y puntualidad implacables.
El problema estructural radica en los incentivos: los funcionarios que contraen la deuda raramente son los que la pagan. El horizonte electoral es incompatiblemente más corto que el plazo de vencimiento de los CETES, y en esta asimetría temporal, se explica mejor que cualquier teoría conspirativa, por qué el despilfarro financiado con deuda es menos excepción que norma.
VECTOR DE CAMBIO.
El apalancamiento estatal funciona eficazmente con condiciones muy poco frecuentes, como ejemplos citaremos a Singapur que financió infraestructura urbana con deuda soberana, vinculando proyectos a estudios de costo-beneficio y evaluaciones que retroalimentan la inversión, a Corea del Sur que usó deuda externa en los sesenta y setenta con disciplina sectorial y controles de desempeño autoritarios, logrando el milagro económico, y recientemente, los gobiernos nórdicos diseñaron financiamiento climático con instrumentos de deuda, vinculados a resultados verificables y auditorías independientes.
Ajustándonos al punto, consideremos localmente que para evitar problemas políticos y futuros, toda operación de endeudamiento debe incluir:
- Una matriz de resultados con indicadores cuantificables antes de firmar el contrato.
- Auditorías técnicamente independientes, financieramente autónomas y con mandato de publicación irrestricta.
- Proyectos clasificados por su capacidad de generar flujos que contribuyan al servicio de la deuda —directa o indirectamente— y priorizarse en función de esa capacidad.
- Los funcionarios responsables, deben enfrentar consecuencias reales por desviaciones significativas, no ceremonias de rendición de cuentas donde nadie rinde nada a nadie.
El apalancamiento bien ejecutado no es utopía, es disciplina aplicada con consistencia, transparencia instituida con valentía, y evaluación ejercida sin condescendencia, los países que lo han practicado no son más virtuosos que los demás: simplemente diseñaron instituciones que hacen costoso el despilfarro.
Corolario:
“La deuda sirve; el descontrol arruina.”
- Fotografía en portada por Scott Graham a través de Unsplash.